Atentado a CFK: Los autores intelectuales, todavía impunes, vieron la condena por TV

Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 durante su vicepresidencia y en medio de movilizaciones que buscaban darle apoyo mientras transcurría el juicio conocido como «Vialidad» por el que actualmente está detenida con prisión domiciliaria, y proscripta. Con la unificación de otras condenas, el monto de la pena es de 14 años. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que también condenó a quien era su novia, Brenda Uliarte, a 8 años de cárcel como partícipe necesaria. Los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg rechazaron los planteos de sus defensas, que decían que no podían afrontar el juicio por trastornos de salud mental. Gabriel Carrizo, antes señalado como partícipe secundario, fue absuelto. La expresidenta, según pudo saber este diario, no miró la transmisión en directo del veredicto. Desde su entorno comentaron horas más tarde que la sensación fue de «sabor a poco». 

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, alguien muy cercano a CFK, tuiteó: «La justicia argentina no aplicó la pena máxima, es inexplicable, pero no sorprende tratándose de Cristina Fernández de Kirchner para quien sistemáticamente hay otra ley siempre en su perjuicio. Persiste la falta de respuestas sobre quiénes instigaron, planificaron y financiaron el ataque, privando de justicia plena a Cristina y a toda la sociedad argentina. El caso fue silenciado por parte del poder judicial y los grandes medios, encubriendo irregularidades y líneas de investigación». 

Tanto la querella de CFK –a cargo de Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira– como la fiscalía de Gabriela Baigún habían pedido para Sabag Montiel 15 años de prisión, la pena que calculaban como la máxima aplicable a un delito que prevé prisión perpetua en este caso bajo la forma de tentativa. El tribunal lo condenó a él por «homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, y, en concurso ideal, con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal». A ella como partícipe del intento de asesinato. El monto siempre parecerá bajo si se lo piensa en relación a la persecución judicial de la que es objeto CFK desde hace años y a que ella fue condenada en Vialidad sin pruebas con el máximo de la pena. Todo parecerá injusto bajo ese parámetro. Los intentos de homicidio suelen tener penas bastante menores a diez años, explican penalistas este diario, y en este caso se tuvo especialmente en cuenta que Cristina estaba en ejercicio de la vicepresidencia y que fue dos veces presidenta, lo que habla de su liderazgo. 

Entre las partes –querella, defensas y fiscalía– hay expectativa por el contenido de los fundamentos que el tribunal anunció que dará a conocer el 9 de diciembre. Seguramente habrá apelaciones por diversos aspectos de la sentencia, como –por ejemplo– que el tribunal descartó agravantes como el de violencia de género y el de alevosía. Este último solo lo había planteado Baigún. 

Con el veredicto, lo cierto es que se cierra un juicio oral que dejó a la vista en las audiencias dos grandes cuestiones a través de testimonios y pruebas: por un lado, la magnitud de la violencia política que rodeó al atentado, desde varios meses y hasta años previos (y que tuvo como protagonistas tanto a dirigentes políticos de derecha como a grupos, del estilo de Revolución Federal, Nueva Centro Derecha y el Ministerio del Odio, que terminaron teniendo como factor común su fanatismo libertario); por otro lado, la problemática o irregular instrucción de la causa judicial que estuvo a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, donde se dañaron pruebas claves como el celular de Sabag Montiel. El atentado a CFK llegó a juicio solo con los acusados por la autoría material en el banquillo y una prueba clave para saber con quien hablaba quien intentó dispararle (si es que se comunicaba con alguien), inutilizada. 

En cuanto a las penas, si las instancias superiores las mantuvieran como las fijó el TOF6, Sabag Montiel tendría la posibilidad recuperar la libertad en unos ocho o nueve años, si tiene buena conducta y estudia o hacer tareas que mejoren su situación. Uliarte, quizá podría salir libre en unos tres años. Se computan los tres años que ya llevan detenidos. 

Últimas palabras 

Antes del veredicto, Sabag Montiel pidió hacer uso de la posibilidad de decir las llamadas «últimas palabras».  Hace un tiempo ya que no usa barba, pero sí patillas. Tenía una chomba amarilla debajo de un sweater jaspeado. Habló en tono monocorde. Su discurso fue errático y desordenado. Aún en su caos, dejó entrever cierto enojo y algunos conceptos. Pero también pronunció frases sin sentido.  

«Toda esta causa estuvo armada», dijo Sabag Montiel, quien está filmado en el momento en que intentaba dispararle a la expresidenta. A comienzos del juicio confesó y hasta quiso justificarse. Dijo que hubo «un arma plantada» , de lo que acusó a Gastón Marano, el abogado de Carrizo. Buscó, también en forma confusa, introducir comparaciones con la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza Namer lo frenó. Sugirió que lo quieren «desaparecer» y responsabilizar por eso al diputado Gerardo Milman a quien se refirió como un «perejil». «Le quieren plantar un muerto», parafraseó a Patricia Bullrich en relación a sus desafortunadas referencias a la muerte de Santiago Maldonado. 

«A mí no me pagó ni Cristina, ni me pagó Gerardo Milman, ni me pagó nada, es todo un invento que están haciendo ustedes», insistió, sin profundizar, pero como para mostrar que lo que hizo fue por iniciativa propia, algo que también había dicho en su indagatoria. Habló de una alianza entre Carrizo y Uliarte, y la acusó a ella de simular. 

Cerca del final hizo una referencia al presidente de Brasil que generó cierta sorpresa: «Lo mismo con la cooperación de Lula Da Silva con respecto a la extraditación (sic) todos sabemos que fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente que se encargue de nuestra situación. No tiene por que interferir en una causa nacional de esta índole, va a ser tan cómplice si me pasa algo a mí como cualquiera. Ya está no quiero hablar más». Sabag Montiel tiene nacionalidad brasileña. Nación en Brasil pero viven en Argentina desde los tres años. Ahora tiene 38. Lo que sucede, según pudo saber Página/12 por fuentes judiciales, es que con su política de expulsar extranjeros acusados de delitos el Ministerio de Seguridad pidió que lo manden a Brasil. De todos modos, es una decisión del tribunal a cargo de la ejecución de su condena y nada indica que vaya a suceder. 

Uliarte, por su lado no quiso hablar. Se la veía desalineada. Vestía una remera de manga larga con rayas blancas y beige, de cuello alto. El dispositivo de seguridad en la sala era más grande que otros días y había agentes con casco. Había  más público, también que a lo largo de más de un año de audiencias. Tanto respecto de ella como de Sabag Montiel, el tribunal oral dejó en claro que no los considera locos ni personas sin conciencia de sus actos. El defensor de la chica, Eduardo Chittaro, había planteado que tenía una incapacidad mental sobreviniente. La defensora de Sabag, Fernanda López Puleio, había pedido que lo declaren inimputable, y tampoco lo logró. Otro  planteo de las defensas que no prosperó es el que el arma (una Bersa calibre 32) que usó Sabag Montiel no estaba en condiciones de ser disparada. Además de que la bala no había ingresado a la recámara López Puleio insistió en que las fotos del momento en que fue incautada mostraban que  tenía el cargador salido, algo fuera de la empuñadura. 

Carrizo recuperó la libertad en agosto último, cuando cayó la acusación porque la querella y la fiscalía plantaron que no había suficientes pruebas que lo comprometieron. El joven era el dueño del emprendimiento de copos de azúcar que la pareja vendía usaba para camuflarse en las inmediaciones de la casa de CFK. Lo habían detenido al hallar mensajes en su celular donde se jactaba ante familiares y conocidos de haber participado en  el intento de magnicidio. Tenía estados de whatsapp que decían, un rato después del atentado, «el próximo sos vos Alberto» y otros similares. El reconoció que había usado una frase de Javier Milei al aludir al entonces gobierno como «parásitos». Lo que sucede es que no aparecieron conversaciones suyas que lo mostraran participando en la planificación del hecho y tampoco estuvo en el lugar. 

Este miércoles pidió hablar, recordó que estuvo tres años detenido y dijo que le parecía «injusto» «que vaya gente presa y tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y que recién ahí le digan ‘te podes ir en libertad'». «Esos tres años nadie me los va a devolver», se quejó. Agradeció el buen trato de «todas las partes». 

Balance

Aldazabal evaluó que «era muy importante que el tribunal dijera que ninguno de los dos es inimputable y que podían estar en juicio, y son responsables de lo que hicieron». «Habíamos pedido penas más altas pero cuando vemos los fundamentos evaluaremos la posibilidad  de recurrit ante Casación. Pero nos parece importante conocer el  fundamento de la sentencia para evaluar cómo trató el tribunal este crimen que no es una tentativa de homicidio más sino un hecho que se dio en un contexto político y social del que la justicia debe tomar nota», sostuvo el abogado en diálogo con este diario. «También esperamos que el tribunal tome nota de lo irregular y problemática que fue la instrucción de la causa. Más allá de las condenas, tenemos la sensación de que deberíamos saber mucho más de lo que pasó y buscaremos que se apliquen las penas que nosotros pedimos», dijo. 

En una publicación en la red «X» La Cámpora dio cuenta de las condenas y preguntó: «¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman, el borrado de celulares en las oficinas de Bullrich, y el financiamiento de la empresa Caputo? No sabemos, porque la justicia no los quiere investigar». «La bala que no salió y el falló que sí salió», dice la publicación en alusión al título que había utilizado Clarín tras el atentado («La bala que no salió y el fallo que sí saldrá») son parte de un largo camino de violencia política y mediática con el que intentaron disciplinar a Cristina para que nadie más se anime a hacer política en defensa de los intereses del pueblo. A tres años del intento de asesinato, nos seguimos preguntando ¿Quién mandó a matar a Cristina?» 

El tuit de Mena también cuestionaba a Milman y Capuchetti y señalaba «el financiamiento de los Caputo» a la agrupación violenta Revolución Federal. «Este episodio confirma la oscura dinámica del poder real, que nunca pudo doblegar a Cristina. A pesar de todo, ella mantiene el amor de su pueblo, algo que sus perseguidores jamás podrán obtener. Seguiremos exigiendo que se complete la investigación y llevar a juicio a todos los responsables», advirtió. 

Qué pasó con la pista Milman

La semana pasada Capuchetti archivó la causa sobre Milman, a quien el testigo Jorge Abello dijo haber escuchado decir «cuando  la maten yo estoy camino a la costa» en el bar Casablanca de la esquina del Congreso dos días antes del atentado frente a dos secretarias. Peor: decidió ella misma citar a Abello a indagatoria por supuesto falso testimonio. Además de que nunca quiso investigar por qué fueron borrados los celulares de las asesoras y manipulado el suyo en oficinas de Bullrich después del ataque a CFK. La querella apeló el archivo, que calificó de «arbitrario». Señaló omisiones de la jueza, como el borrado de los mensajes de un celular que entregó Milman en supuesto gesto de colaboración justo de los meses que rodearon al intento de magnicidio. Ignoró que Abello había entregado sus whatsapp certificados para respaldar su relato. Los abogados señalaron numerosas medidas  pendientes. Lo mismo hizo el fiscal Carlos Rívolo quien reparó, por ejemplo, que hasta ahora no se analizó la información de uno de los teléfonos de la asesora  estrella de Milman, Carolina Gómez Mónaco. Le cuestionó haberse quedado incluso con la causa contra el testigo, a quien ella misma denunció en los inicios de la causa y dijo que debía investigarlo otro juez.