Autorizan el pedido de eutanasia a una joven, pero su padre lo frena

Las discusiones judiciales en torno a la eutanasia sumaron este viernes en un caso que se encamina a sentar jurisprudencia: el tribunal superior de Cataluña avaló el pedido de eutanasia de una joven de 24 años con paraplejia, pero reconoció al mismo tiempo el derecho de su padre, que se opone al deseo de su hija, a seguir apelando ante la Corte Suprema de España, donde el procedimiento es legal desde hace cuatro años. La joven había solicitado la eutanasia el año pasado llegando a la última instancia del proceso, cuando el padre intervino ante la Justicia y logró frenar la muerte asistida, apoyado por un fuerte lobby de una fundación de abogados ultraconservadores.

La decisión fue comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avaló en parte el fallo de primera instancia que a mediados de marzo de este año, había definido que Noelia padece un sufrimiento «grave, crónico e imposibilitante«, que está en plenas condiciones mentales para decidir y que cumple con las condiciones establecidas en la Ley de Regulación de la Eutanasia aprobada en España en 2021. El nuevo fallo del TSJC ratifica esto al ampararse en los «informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos». 

Los jueces, sin embargo, introdujeron una diferencia clave con respecto al fallo de origen, que hará que Noelia tenga que seguir esperando por tiempo indefinido: reconocieron la legitimidad del padre en el proceso, algo que había sido negado en la instancia anterior, por lo que el hombre quedó habilitado a apelar a la Corte española, única instancia que le queda. Sus representantes legales, miembros de la Fundación de Abogados Cristianos, una conocida organización ultraconservadora confirmaron que llevarán el caso a esa instancia, aunque sin tiempo definido. Lo publicaron en la cuenta de X de la fundación en la que, pese a los dictámenes médicos previos, aseguraron que Noelia busca la eutanasia porque padece una «enfermedad mental» y que «tiene toda su vida por delante».

La joven es representada por abogados públicos de la propia Gerenalitat catalana, y en marzo de este año, en una audiencia oral del proceso que derivó en el fallo de primera instancia, llegó a declarar que «todos los días son horribles y dolorosos«. Pese a esto, la asociación ultracatólica insiste y hasta atacó a la Generalitat en un comunicado en el que sostuvo que «es escalofriante la insistencia de la administración pública por acabar con la vida de una chica con enfermedad mental». En el proceso judicial consta una supuesta carta en la que la joven habría manifestado dudas sobre su decisión, pero la propia Noelia desmintió la legitimidad del escrito en la audiencia de marzo: dijo que lo firmó bajo la presión de dos mujeres católicas que entraron durante una noche a la habitación del hospital en el que estaba internada. 

Noelia quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022 y desde entonces busca acceder a la muerte digna garantizada por la ley de 2021. Comenzó los trámites correspondientes en abril del año pasado y consiguió el aval necesario cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña consideró que su caso se adecuaba a lo establecido por la ley. Tras ello se fijó incluso la fecha para la eutanasia en el 2 de agosto de 2024, pero no llegó a efectuarse por la intervención de su padre y la fundación de abogados católicos, que consiguieron primero una medida cautelar para evitar el proceso y luego fueron postergando la eutanasia con diversas acciones judiciales. 

El caso es el primero que llega a juicio en España, aunque tiene antecedentes en otras partes del mundo. El más resonante fue el de Vincent Lambert, un hombre francés que quedó tetrapléjico en 2008 tras sufrir un accidente de tránsito. En 2014 los médicos declararon que su estado vegetativo era irreversible, pero sus padres se opusieron a la eutanasia pese al pedido de Lambert y de su esposa. Después de años de batalla judicial, el tribunal supremo francés ordenó garantizar la eutanasia a mediados de 2019 y Lambert murió el 11 de julio de ese año. 

El caso era aún más complejo que el de España, ya que en Francia aún no existe una ley formal de eutanasia –el Senado la debatirá en octubre de este año–: el procedimiento y la decisión judicial se ampararon en una ley de 2005 que permite la suspensión de tratamientos cuando se transforman en una «obstinación irrazonable» para personas con enfermedades terminales.

En España será la Corte Suprema la que deba decidir ahora sobre la situación de Noelia, lo que terminará por sentar jurisprudencia ante casos de oposición de las propias familias a un pedido de eutanasia, e incluso sobre su legitimidad o no, para opinar judicialmente sobre la cuestión. La ley española de 2021 establece que toda persona en uso de sus facultades que padezca una «enfermedad grave e incurable» o tenga un sufrimiento «crónico e imposibilitante» puede solicitar la muerte asistida, con autorización previa de la comisión de especialistas.