Con el Falcon verde, a indagatoria

La apología pública de los crímenes aberrantes cometidos durante la última dictadura cívico-militar “no sólo revictimizan a quienes padecieron el terrorismo de Estado, sino que también ponen en riesgo la memoria colectiva, la vigencia de la democracia y el compromiso con los derechos humanos que el Estado tiene el deber de proteger”. El argumento pertenece a la Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad en La Plata, que imputó y pidió la citación a indagatoria por apología del delito y aliento a la persecución y el odio al suboficial retirado de la Armada Jorge Pablo Cabrera, por haber manifestado en emisiones de “La Libertad Avanza Radio”, que se emite en una FM de la ciudad de Verónica, que el baúl del Ford Falcon verde modelo ’76 “todavía huele a justicia”. Se trata de “un ejercicio abusivo de la libertad de expresión que, al exceder sus límites legítimos, lesiona bienes jurídicos vinculados al interés público y afecta derechos de las personas que fueron victimizadas por graves crímenes”, sostuvo la Unidad Fiscal en su presentación, radicada en el Juzgado Federal 1 platense a cargo de Alejo Ramos Padilla.

“Un Falcon verde modelo ‘76… A este le abrís el baúl y todavía huele a justicia. Es una belleza”, citó la fiscalía la columna de opinión del marino mileísta del 24 de junio pasado en la FM del Sur 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio. Por si algún oyente no había tomado nota, lo repitió días después. “Vehículo emblemático que tenemos los argentinos (…) Mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon (…) El verde aceituna que venía de fábrica, y abrías el baúl y todavía olía a justicia”, lanzó el 15 de julio. Las declaraciones, que circularon en video por las redes sociales, tuvieron lugar en el contexto del comienzo del debate que llevó a juicio ante el Juzgado La Plata a dos ex policías bonaerenses por el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, a raíz del hallazgo en Punta Indio del cuerpo de una mujer arrojado al río desde un avión en 1976, que –pese a ser identificado– fue enterrado como NN.

“El Ford Falcón verde es un símbolo histórico y socialmente reconocido del aparato represivo de la dictadura cívico-militar (1976–1983). Fue utilizado por las fuerzas de seguridad como vehículo de secuestro y desaparición de personas”, recordó la Unidad Fiscal, que coordina el fiscal general Gonzalo Miranda e integra los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. “La frase en cuestión no es neutra ni ambigua, sino que reivindica de manera explícita ese símbolo represivo, resignificándolo como expresión de ‘justicia’ cuando en realidad fue el medio por el que se cometieron crímenes aberrantes”, enfatiza el escrito. El Ministerio Público Fiscal tenía delegada la instrucción del caso a partir de dos denuncias contra Cabrera presentadas ante el fuero federal el 18 de julio, por un particular y por la Comisión Provincial por la Memoria.

Los fiscales pusieron de relieve que las manifestaciones del marino fueron un “ejercicio abusivo de la libertad de expresión” y que “su sanción resulta necesaria no solo para la tutela” de los derechos de las personas victimizadas “sino también en resguardo de la memoria colectiva y de los estándares mínimos de convivencia democrática que constituyen garantías de no repetición frente a violaciones masivas de derechos humanos”. Las expresiones del imputado son “un mensaje que legitima y glorifica prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esas violencias”, y que “no pueden ser consideradas en el vacío, sino dentro de un marco histórico en el que el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales y constitucionales de memoria, verdad y justicia”, informó el portal Fiscales.

La fiscalía sostuvo que, si bien la libertad de expresión es un principio básico y esencial que debe ser protegido de todo intento de censura, “no resulta por ello un derecho absoluto que pueda desnaturalizar otros derechos también importantes”. Citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” consideró que es un deber del Estado reaccionar de manera institucional frente a mensajes que alientan la violencia, el odio o la discriminación hacia grupos históricamente victimizados.

Para la Unidad Fiscal, las declaraciones del libertario constituyen la conducta típica de apología del delito, prevista en el artículo 213 del Código Penal, “porque basta para la consumación del delito con la emisión de expresiones públicas mediante las cuales se reivindican delitos, en este caso, delitos de lesa humanidad”. Añadió que “aunque sus palabras no impliquen un llamado directo a la comisión de actos violentos actuales o futuros, sí configuran una apología pública de crímenes aberrantes”.

“Consideramos que este tipo de manifestaciones apologéticas no solo revictimizan a quienes padecieron el terrorismo de Estado, sino que también ponen en riesgo la memoria colectiva, la vigencia de la democracia y el compromiso con los derechos humanos que el Estado tiene el deber de proteger”, añadió. La Unidad Fiscal también encuadró los dichos en el delito previsto en el artículo 3° de la Ley 25.392, antidiscriminatoria, que en su segundo párrafo estipula una sanción de un mes a tres años de prisión a quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.