El Senado de Texas aprobó una ley para limitar el acceso a píldoras abortivas 

El Senado de Texas, dominado por una amplia mayoría republicana, aprobó esta semana un proyecto de ley que refuerza aún más el cerco contra el derecho al aborto en ese conservador estado del sur de Estados Unidos. La iniciativa autoriza a demandar a cualquier persona que facilite la entrega de píldoras abortivas, un método que se ha vuelto central para quienes buscan interrumpir un embarazo en un país donde el acceso a la práctica está cada vez más restringido.

El texto ya había sido votado a finales de agosto en la Cámara de Representantes estatal y ahora espera la promulgación del gobernador Greg Abbott, uno de los dirigentes republicanos más férreos en su postura antiabortista. Una vez que Abbott firme la norma, entrará en vigor y otorgará a cualquier ciudadano el derecho de demandar a presuntos infractores, con la posibilidad de reclamar una indemnización mínima de 100.000 dólares.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Senado texano, la medida fue respaldada por 17 legisladores y rechazada por 9. Aunque la ley no contempla sanciones para las mujeres que intenten conseguir la medicación, sí prohíbe expresamente la prescripción, la fabricación, el envío y cualquier forma de intermediación en la entrega de las pastillas.

El texto aprobado se suma a un marco legal que ya coloca a Texas entre los estados con las prohibiciones más estrictas del país. Desde 2021, rige allí la llamada ley del latido fetal, que prohíbe abortar a partir de las seis semanas de gestación y habilita a particulares a demandar a quienes colaboren en la práctica. Con la nueva normativa, el foco se dirige a las píldoras abortivas –principalmente mifepristona y misoprostol– que hoy representan más de la mitad de los abortos realizados en Estados Unidos, según datos del Instituto Guttmacher.

Los argumentos de los impulsores de la ley reflejan la ofensiva ideológica de los sectores conservadores. “Se busca proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y “garantizar que las grandes farmacéuticas no puedan enviar pastillas tóxicas a Texas solo para inflar sus ganancias a costa de la vida”, escribió el senador republicano Bryan Hughes en X (antes Twitter).

Del otro lado, las voces demócratas advierten que la medida busca convertir a los ciudadanos en vigilantes. “Se pretende transformar a los texanos en cazarrecompensas”, cuestionó la senadora Carol Alvarado, citada por el New York Times.

El nuevo proyecto se inscribe en un escenario nacional marcado por la decisión de la Corte Suprema de 2022, que derogó el histórico fallo Roe vs. Wade y despojó al aborto de su protección federal. Desde entonces, el tema quedó en manos de cada estado, lo que abrió un mosaico de legislaciones dispares y, en muchos casos, regresivas. Al menos veinte estados restringieron o prohibieron severamente el acceso, entre ellos Alabama, Oklahoma, Arkansas y Tennessee.

Texas es uno de los más drásticos: prohíbe todas las interrupciones de embarazo incluso en casos de violación o incesto, y solo las autoriza cuando hay riesgo de muerte o de discapacidad grave para la madre. Organizaciones de derechos reproductivos denuncian que esta normativa obliga a muchas mujeres a viajar cientos o miles de kilómetros hacia estados donde el procedimiento sigue siendo legal, lo que implica costos económicos y emocionales muy altos.

En paralelo, se han multiplicado los casos judiciales vinculados al uso de píldoras abortivas. Un médico de Nueva York fue sancionado recientemente con 100.000 dólares por recetar a distancia medicación a pacientes texanas, y enfrenta además cargos penales en Luisiana. En julio, un hombre de Texas demandó a un médico de California, acusándolo de enviar píldoras a su pareja. Estos casos muestran cómo las legislaciones estatales generan conflictos legales que trascienden fronteras, afectando la práctica médica en todo el país.

El endurecimiento de las leyes sobre el aborto farmacológico también impacta en la distribución de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), cuyo aval federal choca de frente con las restricciones estatales. Organizaciones como Planned Parenthood y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anticiparon que habrá nuevas batallas judiciales para frenar la aplicación de la norma en Texas.

Mientras tanto, el acceso a las píldoras abortivas se ha vuelto uno de los principales campos de disputa en la guerra cultural que atraviesa Estados Unidos. Para millones de mujeres, estos fármacos constituyen la única opción posible frente a legislaciones que penalizan casi cualquier alternativa. Para los sectores conservadores, en cambio, representan una amenaza que buscan eliminar incluso a costa de convertir a los propios ciudadanos en vigilantes de sus vecinos.