La extradición de Machado, un expediente que toma temperatura en los despachos de la Corte

La semana arrancó con fuertes versiones desde adentro de la Corte Suprema que indican que el tribunal estaría cerca de tomar una decisión respecto del pedido de extradición de Federico Andrés «Fred» Machado, a quien Estados Unidos reclama para juzgarlo por cargos de tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude en los tribunales de Texas. El hombre que aportó aviones, una camioneta y dinero a José Luis Espert en su campaña presidencia en 2019 está detenido con prisión domiciliaria en Viedma –su ciudad de origen– desde abril de 2021. Un año después la causa llegó a manos de los jueces supremos, que hasta ahora demoraron su decisión, algo que quedó en evidencia frente al escándalo de los últimos días con el candidato fallido que se contradijo una y otra vez hasta que bajó su postulación. Mientras tanto, en el expediente a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi declaró como testigo el expresidente de la firma Med Aviación quien confirmó que le vendió a Machado la sociedad y la aeronave con la que Espert viajó por todo el país.

Si los supremos deciden ahora extraditar a Machado, sería un modo de dar respaldo a las sospechas que invoca la justicia de Estados Unidos. En distintos despachos los tribunales porteños creen que la Corte no tiene mucho margen para rechazar el pedido de Texas. En el Gobierno lo dan, aunque con cautela, casi por hecho. Incluso hay quienes analizan que es un factor que tuvo su peso en la decisión de bajar la candidatura de Espert. La preocupación quedó expuesta en una escena tan desopilante como irregular, cuando la ministra de Seguridad y candidata, Patricia Bullrich, llamó el viernes último al periodista Diego Iglesias y lo confundió con su homónimo, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). «¿Qué hacés, cómo andás? escuchame, cómo viene el tema este de la extradición de Machado?», preguntó la funcionaria con familiaridad. 

El laberinto supremo

Como en todo proceso de extradición, y cuando la Corte la confirma, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que puede revisar la decisión judicial y también modificarla. Si el Poder Judicial rechaza la extradición, al Gobierno solo le queda como último paso administrativo comunicarlo al país que requiere a la persona en cuestión. Hay un punto no menor, como ya informó Página/12, que es que el abogado de Machado es Francisco Oneto, el mismo que representa a Javier Milei en varias causas y que incluso fue candidato a vicegobernador de la Libertad Avanza en la fórmula con Carolina Píparo. 

Después que el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva convalidara el reclamo de Estados Unidos para mandarlo a ese país, Machado hizo diversos planteos al apelar ante la Corte. Entre ellos pidió la inconstitucionalidad de la norma que permitió que se lo citara al juicio de extradición, una de las tantas situaciones en las que lloró, como se lo vio en un video que circuló en las últimas horas. Esto fue rechazado por el alto tribunal que solo tiene pendiente de definir si avala la extradición o no. Este lunes todo hacía suponer que dos de los supremos, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, estaban dispuestos a firmar una definición a la brevedad. No estaba clara la posición de Carlos Rosenkrantz. Lo cierto es que los cortesanos estaban en condiciones de resolver desde que el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó por la extradición en abril de 2023.

En noviembre de 2024 Oneto presentó en nombre de Machado un planteo que decía que en enero de ese año la justicia de Texas había hecho un acuerdo con una de las acusadas y por lo tanto caían los cargos. El 21 de agosto último la Corte le pidió al juez de Neuquén que consulte a Estados Unidos cuál era la situación y si seguía en pie el interés por la extradición de Machado. La respuesta a esto último fue afirmativa y que la acusación no se había modificado. Su exsocia, Debra Mercer Erwin ya fue condenada a 16 años de prisión por los mismos delitos que le endilgan a él. 

Cuando fue detenido en Viedma en 2021, Machado intentó que le dieran estatus de refugiado, pero no lo consiguió. Por eso siguió adelante le proceso en su contra, aunque a tranco lento. Es a todas luces llamativo es el tiempo que dejó transcurrir la Corte entre una cosa y otra y en el trámite de toda la causa. En la secretaría penal 3, a cargo de Diego Seitun desde mayo de 2024, el expediente estuvo más de un año. Seitun venía de integrar el estudio Durrieu Abogados, fundado por Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia durante la última dictadura cívico militar. Desde abril de 2023 hasta septiembre de 2024 permaneció allí. En la vocalía que más estuvo, aunque no tanto, fue la de Rosatti. 

Hay un caso que contrasta abiertamente con los tiempos aplicados por la Corte para el sospechado de narco. Cuando, durante el gobierno de Milei se le quitó el estatus de refugiado a Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas en la década del ’70 –después haber estado radicado en Buenos Aires más de  dos décadas– la jueza María Servini ordenó detenerlo para deportarlo a Italia, en un acuerdo con el gobierno de Giorgia Meloni. Al cuarto día que llegó al máximo tribunal, éste decidió extraditarlo. El abogado Rodolfo Yanzón logró frenar el proceso al cuestionar la decisión de quitarle el carácter de refugiado. 

La causa de los aviones

Martínez de Giorgi tiene desde 2021 una causa en la que se le cuestionó a Espert como posible integrante de una trama de lavado de dinero, al haber recibido aportes de Machado. El expediente está enfocado en los 36 vuelos que hizo el excandidato en aviones del ya famoso «Fred». Hay un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que confirma los viajes en cuestión durante 2019, en cinco de los cuales también viajó Machado. La lista incluye vuelos a Pergamino, donde aparentemente Espert iba a visitar a su familia. Según declaró el piloto Axel Vugdelija los viajes los pedía y organizaba una secretaria de Espert y el combustible lo pagaba Machado. Está en confección peritaje para establecer cuánto costaron y si el sospechoso de narcotráfico pagó todo. Serían unos 350.000 dólares. 

Este lunes declaró Marcelo Rodríguez, que había sido accionista de Med Aviación, y contó que el avión King Air con matrícula LV-CBZ con el que Espert hizo la mayoría de los viajes había sido vendido Machado en 2019, que mostró que tenía urgencia por adquirirlo. Vugdelja lo piloteaba desde antes y fue condición que continuara. Ese avión siguió operando a nombre de Med Aviación por unos meses en función del tiempo que demandaron los trámites ante la ANAC, según aclaró. Pero por su testimonio no quedan dudas de que quién era propietario del avión en la época de la campaña de Espert. Martínez de Giorgi no avanzaría en una citación al diputado mientras no haya un resultado en la investigación en Estados Unidos que ratifique el narcotráfico y lavado.