El reporte firmado a fines de noviembre fue recibido por el juez federal Sebastián Casanello que puso en conocimiento del mismo a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción, en atención a sus funciones de control administrativo.
Irregularidades
Entre las principales observaciones, la Procuraduría señaló inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, remitos sin firma de recepción de los beneficiarios y ausencia de documentación clave que permita seguir el recorrido de los productos desde su compra hasta su entrega final.
El informe también puso el foco en la falta de un sistema claro de distribución, al remarcar que el propio Ministerio había reconocido que no existían manuales ni procedimientos formales que regularan la entrega de alimentos, lo que, según la PIA, “contradice los principios de legalidad, razonabilidad y buena administración que deben regir la actuación estatal”
“La información proporcionada solo permitiría, en el mejor de los casos, arribar a un resultado probabilístico, lo cual resulta conceptualmente antagónico con un informe de trazabilidad”, advirtió el organismo.
En ese sentido, el dictamen remarcó la existencia de “patrones de informalidad y desorganización” en la gestión administrativa, que impidieron verificar si las compras realizadas —incluidas licitaciones millonarias canalizadas a través de organismos internacionales— cumplieron efectivamente el fin para el cual fueron autorizadas.
La presentación fue elevada a la Fiscalía Federal a cargo de Paloma Ochoa y quedó incorporada al expediente judicial.
Alimentos bajo la lupa
El informe menciona varios alimentos que fueron objeto de análisis en relación con su compra, almacenamiento y distribución: Aceite de girasol adquirido en grandes volúmenes a través de una licitación gestionada por el organismo internacional OEI, lentejas secas en paquetes de 400 gramos, también compradas mediante la licitación OEI.
Leche en polvo, respecto de la cual el dictamen advierte la existencia de unas 465 toneladas almacenadas, muchas de ellas próximas a vencer, lo que motivó su posterior distribución de urgencia mediante un convenio con la Fundación CONIN.
Harina de maíz, mencionada junto con la leche en polvo como parte del stock que fue distribuido para evitar su vencimiento.
Legumbres y fideos, citados en los remitos de salida, aunque el informe remarca que en muchos casos se consignan de manera genérica, sin especificar peso, lote ni tipo exacto del producto, lo que impidió reconstruir su trazabilidad.
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