El Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 5 hizo lugar al amparo presentado por la organización Proyecto 7 y ordenó restablecer el servicio de guardias e internaciones en el Hospital Bonaparte. Este fallo implica que en los próximos tres días el Ministerio de Salud de la Nación debería reincorporar a los trabajadores y trabajadoras despedidas –que según precisaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) son alrededor de 270–, para que el hospital especializado en salud mental y adicciones recupere la estructura que tuvo hasta octubre de 2024. “Es emocionante lograr un fallo así, después de tanto tiempo de lucha”, dijo en diálogo con Página/12 Horacio Avila, coordinador de la asociación civil Proyecto 7, que representa a personas en situación de calle. Desde la organización dan por descontado que el gobierno apelará el fallo.
“El Bonaparte es fundamental para las personas en situación de calle, hay muy pocos lugares así en Argentina, con guardias, la posibilidad de internaciones breves y, sobre todo, con el nivel de profesionalismo y compromiso con el trabajo”, aseguró Ávila. Desde ATE recibieron la noticia con alegría, pero también con cautela: “venimos de muchos despidos y demasiados golpes para ilusionarnos, no queremos generar falsas expectativas en los compañeros despedidos”, dijo a este diario Leonardo Camacho, delegado de ATE en el Bonaparte. “Todavía falta ver qué pasa con la apelación y hay que ver cómo se interpreta el fallo, y cómo se aplica”, agregó.
El fallo ordena “fijar en la cartelera y en la página web del hospital que por orden judicial, dicho instituto atenderá mediante guardia los fines de semana y se dará apertura de la Unidad de Internación” del Hospital Bonaparte, “en plenitud de recursos humanos suficientes y financiamiento adecuado”. Además, ordena que “cualquier incumplimiento podrá ser denunciado al mail del Juzgado Federal Civil y Comercial N°5, siendo este: [email protected]”.
El 4 de octubre de 2024 el Ministerio de Salud anunció a través de su página web que iniciaba una “reestructuración” del Hospital Bonaparte. Con el fin de “priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan”, la cartera ordenó que iba a iniciar “la derivación de los pacientes a otras instituciones”. Esto generó el cierre de las guardias los fines de semana y la prohibición de nuevos ingresos a la unidad de internaciones. Comenzó entonces un proceso de despidos en el hospital de salud mental, que se dieron en dos etapas: en agosto de 2024 y, la más fuerte, en enero de 2025, explicó Camacho. Durante este proceso los trabajadores y trabajadoras sufrieron un fuerte deterioro en los salarios, de modo que muchos renunciaron a sus puestos. El total de bajas fue de unas 270 personas, de las cuales 200 fueron despedidas.
El delegado destacó dos aspectos del proceso de lucha de los trabajadores. En primer lugar, que los servicios que el Ministerio ordenó cancelar –la guardia y las nuevas internaciones–, se mantuvieron en funciones gracias a la organización de los trabajadores del hospital. “Entendíamos que lo teníamos que sostener hasta último momento, con organización propia de los trabajadores. Los dos servicios estuvieron a pleno incluso cuando tomamos el hospital”, indicó Camacho. En segundo lugar, señaló que, a pesar de la voluntad de los trabajadores, esos servicios “están funcionando con un tercio de los trabajadores que había en octubre del año pasado. Tenemos la mitad de los psiquiatras, por ejemplo. No hay cobertura suficiente en el área médica”, describió.
Si bien el fallo ordenó restituir los servicios de la guardia y la internación “en plenitud de recursos humanos suficientes y financiamiento adecuado”, la situación es muy distinta a la de octubre, lo cual genera escepticismo entre los trabajadores. “No queremos ilusionarnos, hay que ver cómo se aplica todo esto”, sostuvo Camacho.
La causa judicial se inició con la presentación colectiva de una medida cautelar, encabezada por la asociación civil Proyecto 7. Esta organización se presentó como representante de cuatro pacientes del hospital. “Fueron meses de estar en la calle con los trabajadores del Bonaparte, las organizaciones sociales y también los trabajadores del Hospital Garrahan, en una lucha colectiva, con movilizaciones, ollas populares, festivales y todo tipo de acciones”, recordó Avila. El coordinador de Proyecto 7 destacó el rol del abogado de la organización, Emiliano Villar: “durante estos nueve meses hizo un trabajo enorme”.
Los argumentos del juez Patricio Maraniello –quien, paradójicamente, es el mismo magistrado que prohibió publicar los audios de Karina Milei en medio del escándalo de las presuntas coimas en la Andis– apuntan a la protección del derecho de las personas afectadas por el recorte del gobierno. El juzgado entendió que la disposición del Ministerio “compromete la salud e integridad física de los amparistas”, en relación a los derechos contemplados en los artículos 33 y 42 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Si bien Ávila se mantiene expectante por cómo continuará la causa, el coordinador de Proyecto 7 destacó la importancia de “restituir un hospital público y nacional a quienes les corresponde, como son las personas en situación de calle o cualquiera que tenga problemas de salud mental o de consumo. Le ganamos una pulseada a la eliminación de derechos que impulsa el gobierno. El Hospital Bonaparte jamás debería haberse tocado”.
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