“La ludopatía es un atentado contra la vida”

Mediante una nota dirigida a Victoria Villarruel en su condición de presidenta de la cámara alta, las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamaron el urgente tratamiento y aprobación del proyecto de ley sobre ludopatía que tiene media sanción de Diputados desde el 20 de noviembre de 2024. De no ser abordado por el Senado antes del cierre de sesiones del presente año el proyecto perdería estado parlamentario.

La carta, que lleva la firma de los miembros de la Comisión Ejecutiva encabezados por el arzobispo Marcelo Colombo (Mendoza) expresa, “en nombre de todos los obispos de Argentina”, la “seria preocupación, que venimos manifestando desde hace tiempo: el crecimiento de la ludopatía y, de modo particular, el impacto que están teniendo las apuestas en línea sobre nuestras comunidades, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes”.

En su nota a la presidenta del Senado, las autoridades eclesiásticas retoman declaraciones del cardenal Ángel Rossi –arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la CEA— y recuerdan que “en distintas oportunidades hemos señalado que la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un ‘casino’ por niños y adolescentes”.

Al mismo tiempo los obispos reiteran que “ya en el mes de julio de 2024, a través de un comunicado firmado por las Comisiones de Pastoral Social de las diócesis del país, advertimos que es una realidad que no discrimina clase social ni región geográfica”. En la misma declaración los representantes de la Iglesia expresaron que “hay muchos motivos que nos llevan a preocuparnos, porque estamos viendo el daño social que se está ocasionando”.

Teniendo en cuenta esas consideraciones y ante la posibilidad de que el proyecto de ley pierda estado parlamentario si no es tratado por el Senado antes del 20 de noviembre próximo, los integrantes de la Comisión Ejecutiva expresan “con respeto y firmeza, la importancia de que esta iniciativa sea debatida y aprobada”.

Consideran los obispos que el proyecto en cuestión “constituye un paso necesario en la protección de las personas más vulnerables, especialmente de los jóvenes”, dado que “su contenido es un avance concreto en defensa del bien común”.

Y retomando palabras del sacerdote cordobés Munir Bracco ante un plenario de comisiones del Senado, subrayan la existencia de “fuertes presiones que ejercen los intereses económicos detrás de este negocio”.

Agregan los obispos que “así como en su momento señalamos que ante el flagelo de las drogas y del narcotráfico el Estado es insustituible, lo reiteramos ante esta otra adicción que atraviesa edades y clases sociales: si el Estado se corre o demora la repuesta, los daños serán cada vez más profundos y difíciles de revertir”.

Argumenta la Comisión Ejecutiva que “el tratamiento de la ley no puede demorarse” porque “dejarla caer sin que haya sido debatida sería un gesto elocuente de desinterés e indiferencia ante un problema que afecta gravemente a miles de familias argentinas”, agregando que “la sociedad necesita ver que sus representantes están dispuestos a dar una respuesta responsable, más allá de presiones o conveniencias”.

Finaliza la nota afirmando que “la cuestión de fondo ya no pasa por reconocer los daños de la ludopatía –que son evidentes–, sino por saber si existe la voluntad política de dar el paso necesario para cuidar a los más vulnerables”. Argumento que se refuerza con palabras del fallecido papa Francisco: “Nuestros gobiernos no pueden ser cómplices de instigación a la ludopatía”.

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