La violencia política de género en Argentina afecta a 8 de cada 10 mujeres dirigentes

La violencia de género en ámbitos políticos es muy alta en la Argentina: 8 de cada 10 dirigentes mujeres respondieron que la han sufrido de forma recurrente, según revela la investigación «Somos en Red», realizada por el Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina (Ciscsa) y Andhes, en el marco de la iniciativa Wyde. El estudio desarma la idea de que la violencia política sólo proviene de dirigentes de otros espacios: los principales agresores son los propios miembros de sus espacios de militancia y funcionarios públicos. Las encuestadas tienen una percepción casi unánime (91.2%) de que la violencia política se ha incrementado desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Los datos fueron presentados en el Encuentro de reflexión política, convocado por Ciscsa en el auditorio de la Universidad Nacional de Córdoba.

En el encuentro participaron más de doscientas mujeres con activismo en partidos políticos y en el territorio de distintas provincias, funcionarias, concejalas y candidatas, algunas con largas trayectorias en organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales, y también destacadas invitadas de Paraguay y Uruguay. Ana Falú, académica y arquitecta feminista, fundadora de Ciscsa-Ciudades Feministas abrió la jornada. 

La acompañaron, entre otras, en el primer panel, la ministra de Mujeres y Diversidades bonaerense, Estela Díaz, la coordinadora del Programa País de ONU Mujeres en Argentina, Verónica Baracat y Florencia Vallino Moyano, directora ejecutiva de Andhes y Alejandra Domínguez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales-UNC, entre otras, quienes subrayaron el rol de las alianzas para sostener políticas de igualdad en contextos desafiantes.

Las violencias más frecuentes

Durante el encuentro se presentaron los resultados preliminares del informe «Somos en Red». Entre otros datos, el relevamiento identifica las cuatro formas de violencia más extendidas:

● La violencia política-Institucional (76.5%) es la forma más reportada y se manifiesta como el abuso de poder jerárquico o el uso de reglas institucionales para limitar, obstaculizar o anular la participación.

● La violencia psicológica (63.7%) busca minar la autoestima y la credibilidad.

● La violencia simbólica (54.9%) es la más sutil pero constante.

● La violencia digital (53.9%), de esta manera el espacio virtual se consolida como un campo de batalla.

Para la investigación, los equipos de Ciscsa y Andhes relevaron opiniones y experiencias de mujeres y disidencias que ejercen liderazgos, son referentas o ejercen cargos de representación o gestión en partidos políticos, Estado, sindicatos y organizaciones territoriales. En total se hicieron 102 encuestas, 37 entrevistas en profundidad y 3 encuentros (en Córdoba, Tucumán y Jujuy) con la participación de 163 referentas territoriales.

En diálogo con Página/12, Falú explicó que de la exploración con entrevistas a dirigentes políticas y talleres con referentas de espacios territoriales y comunitarios surge que la violencia institucional incluye traslados arbitrarios, la precarización laboral prolongada o el desfinanciamiento de las áreas a cargo de las mujeres. “La agresión se ejerce desde la propia estructura estatal o partidaria”, señaló.

La violencia psicológica se lleva a cabo a través del maltrato verbal, el ninguneo, la exclusión de espacios clave de toma de decisiones y la constante supervisión excesiva, lo cual crea “un clima de agotamiento físico y mental que a menudo lleva al abandono de los roles de liderazgo”, detalló Falú.

La violencia simbólica opera a través de micromachismos como los tratos condescendientes, los comentarios sobre la vestimenta o la apariencia, y ser vistas como «figuras decorativas«. “Incluye el encasillamiento en áreas ‘femeninas’ como género y niñez, mientras se les niega el acceso a áreas técnicas o de ‘ciencias duras’ a cargo de varones”, precisó.

La violencia digital incluye ciberacoso, hostigamiento online y el doxing (publicación de datos personales). “Las agresiones se enfocan en el físico o la vida personal de la mujer política, a diferencia de las críticas a los varones, que se centran en las propuestas. El temor a las represalias en redes conduce a la autocensura de las líderes”, agregó Falú.

Los datos del estudio destruyen el mito de que sólo hay agresión externa. “En muchos casos, el peligro se encuentra en el círculo político más cercano y en los ámbitos de trabajo cotidiano”, comentó Falú.

¿Quiénes son los agresores?

El 64.4% de las encuestadas señala a funcionarios públicos y el 62.4% a miembros de su propio partido como los principales agresores, una frecuencia mayor que la reportada para miembros del partido opositor (38.6%). La violencia ocurre principalmente durante el ejercicio de funciones (78.2%) y tiene como escenarios principales el lugar de trabajo (69.3%) y las reuniones políticas (60.4%).

“La violencia política de
género, de acuerdo al diagnóstico, no es solo un conjunto de actos aislados,
sino un mecanismo estructural que busca activamente anular, silenciar y
deslegitimar a las mujeres y disidencias que desafían el poder”, explicó Falú

–¿Cómo se expresa esa exacerbación de la violencia política de
género con el nuevo gobierno nacional? –le
preguntó este diario.
–Este aumento se expresa
principalmente en tres ejes: una exacerbación de la hostilidad en el discurso
público, un agravamiento de la precariedad institucional y la represión.

–¿Por qué cree que la violencia política persiste en los espacios progresistas donde luego del surgimiento del movimiento Ni Una Menos se desarrollaron protocolos contra las violencia de género, entre otras iniciativas?
–Es difícil la pregunta, diría que no tengo respuesta. O que la respuesta es que el patriarcado se expresa en todos lados. Los hallazgos de nuestro estudio ofrecen varias pistas clave que sugieren por qué esta violencia es tan persistente, incluso dentro de organizaciones que se consideran aliadas a nuestras agendas. El machismo está profundamente anclado en las estructuras de poder incluso de los espacios progresistas, o los que se autodefinen como progresistas. 

Las entrevistadas señalan que la violencia política persiste en sus espacios por una combinación de factores estructurales, la manifestación de agresiones sutiles y una alarmante cultura de impunidad interna. Los varones monopolizan las «mesas chicas» y los puestos de decisión. Las mujeres son sistemáticamente relegadas a tareas de base, territorio o cuidado. Las estructuras partidarias no se adaptan a la vida de las mujeres, los horarios de reunión nocturnos y la falta de espacios para la infancia hacen que la maternidad y la política se perciban como «no compatibles». A pesar de que muchos de estos espacios progresistas cuentan con protocolos internos, la mayoría de las encuestadas optan por no denunciar formalmente –señaló Falú.

El estudio revela que solo el 22.5 por ciento afirmó haber presentado una denuncia formal. Las principales razones son la desconfianza en las instituciones (29.3%) y el temor a las represalias (23.2%). Esta falta de confianza indica que las víctimas perciben que el sistema interno no garantiza protección ni sanciones efectivas para los agresores, lo que perpetúa la impunidad y obliga a las mujeres a buscar apoyo en redes externas, familiares y amistades antes que en su propia estructura partidaria.
–¿Cuál es entonces el camino?
–La erradicación de la violencia política de género requiere más que un discurso: exige una transformación real de las relaciones de poder internas y el compromiso de los líderes masculinos para desmantelar las estructuras institucionales y culturales que protegen a los agresores.