Las universidades se le paran de mano a la motosierra libertaria

Fiel a su estilo, aunque ahora desoyendo el mensaje que dejaron las urnas en las elecciones bonaerenses, Javier Milei volvió a vetar una segunda ley de financiamiento universitario, sancionada con una amplia mayoría en el Congreso. El presente de las universidades nacionales en Argentina no da para más, por lo que luego de un paro de 24 horas realizado el viernes, se comprometieron a una nueva movilización federal para acompañar la discusión que se realizará el próximo miércoles en Diputados. Si los legisladores esta vez rechazan el veto presidencial, la norma deberá ser promulgada por el Ejecutivo. De lo contrario, nadie sabe a ciencia cierta lo que sucederá con la educación superior pública, ya que las universidades transitan su peor crisis histórica. Tanto que ya se estima que 10 mil docentes renunciaron por una pérdida del 50 por ciento del poder adquisitivo y la sangría podría profundizarse.

Si bien la nueva ley de financiamiento no afecta al equilibrio fiscal y estipula de dónde sacar los fondos, el gobierno recurrió al pretexto del gasto público, la inflación y la pobreza para rechazarla. “Dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”, se lee en el Boletín Oficial. Frente a ello, este fin de semana ya se cocinan los detalles de una nueva movilización masiva que tendrá epicentro en Buenos Aires, pero que se replicará en la mayoría del territorio nacional.

Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que nuclea a todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales– relata a Página/12: “El miércoles será la sesión para discutir el veto, así que durante estos días estaremos trabajando en la marcha. Esperamos que los legisladores ratifiquen la ley de financiamiento universitario. También nos concentraremos en conjunto con la gente del Garrahan, porque ese día también se debatirá su reclamo”, dice.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa continúa: “Tenemos la expectativa de que realmente se promulgue porque, de lo contrario, peligrará el cuatrimestre; y ni hablar de lo que sucederá en 2026. Les pedimos a los diputados que tengan en cuenta que si votan de manera negativa, votan en contra de los intereses de sus provincias”.

Lo que señala Alpa con respecto al segundo cuatrimestre, es una situación que se está discutiendo desde hace tiempo, y cada vez con mayor firmeza. Si el veto es rechazado por los legisladores y, pese a ello, el gobierno se niega a asegurar los fondos, sencillamente, podría paralizarse la educación superior en el país. Las autoridades universitarias esperan no llegar a este punto, pero con el gobierno libertario –poco afecto a la división de poderes y a cumplir obligaciones– nunca se sabe.

Planes de excepción

Las universidades, de hecho, ya se están quedando sin herramientas para sostener las funciones básicas de educación, investigación y extensión. Este mes, la Universidad Nacional de Rosario presentó un programa de solidaridad para sostener la infraestructura, el equipamiento y la movilidad estudiantil. Básicamente, la UNR recibirá aportes voluntarios de graduados y empresas, que podrían servir como un bálsamo en medio de una crisis sin parangón. En criollo: recibirán donaciones para poder mantenerse en pie, cuando es el Estado el que debería comprometerse con su funcionamiento.

La UBA anunció un “plan de restricción” que consiste en achicar los gastos a lo mínimo indispensable. Se cambiarán los horarios de algunas actividades para alcanzar un mayor ahorro energético y el mantenimiento edilicio se realizará casi sin inversiones. Junto al resto de las casas de estudio, desde la UBA reclaman al gobierno por un presupuesto prorrogado desde 2023, que impide la planificación universitaria tal como se desplegó de manera histórica.

La ley que Milei vetó establece una recomposición salarial para los trabajadores de universidades, al tiempo que incrementa los fondos para asegurar la supervivencia de las instituciones. Además, la norma especifica que el dinero saldrá de la coparticipación federal y de un proceso de reasignación de partidas. Este punto es clave porque el principal pretexto del presidente cuando rechazó el proyecto sancionado en 2024 era que descartaría cualquier norma que alterara el “déficit cero”.

La norma crea además un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la IA y el desarrollo de Argentina. Y lleva impresa una mirada a largo plazo, al prever un crecimiento de la inversión estatal hasta llegar al 1.5 por ciento del PBI hacia 2031.

Fractura expuesta

Consultados por este diario, desde gremios como Conadu y espacios como el CIN apuntan que unos 10 mil docentes dejaron sus puestos. La cifra equivale a un 5 por ciento de los trabajadores que imparten clases en las aulas. El promedio del salario de bolsillo de los docentes universitarios en agosto fue de 1.539.931 pesos por 40 horas semanales de dedicación. Sin embargo, la gran mayoría de profesores posee dedicaciones parciales (10 horas semanales) y gana un promedio de 364.922 pesos. En los extremos, los docentes con la máxima retribución por categoría, dedicación y antigüedad cobran 1,9 millones, mientras que el límite inferior desciende a 285 mil pesos mensuales.

Carlos De Feo, arqueólogo y secretario general de Conadu, resume: “Más del 70 por ciento de los cargos son de dedicación simple en Argentina, es decir, docentes que cobran un cuarto de salario y tienen una carga laboral de 10 horas semanales. Esto hace que la mayoría de los profesores, para completar una jornada, tenga que dar entre cuatro y cinco materias diferentes”.

Si un docente tiene dos cargos en universidades que están emplazadas en Ciudad de Buenos Aires, más uno en Quilmes y el otro en Hurlingham, deja el que les quede más lejos de su casa: no pueden destinar tanto tiempo de su jornada al viaje. De aquí que los profesores se busquen changas para completar su jornada y poder hacer un sueldo que les permita la subsistencia.

Las universidades privadas aprovechan esta situación de migración de recursos humanos híper calificados y los tientan con dedicaciones exclusivas. Así es cómo los docentes terminan dejando las aulas de las públicas y escogen las privadas, donde por la misma carga horaria cobran más. Incluso llegan a percibir sueldos que duplican lo que ganaban antes.

Los estudiantes, los abanderados

Las políticas libertarias han sacudido y despabilado al movimiento estudiantil universitario. Protagonistas de la resistencia y de la organización de las marchas multitudinarias de abril y octubre de 2024, ahora prometen una movilización similar para el próximo miércoles cuando el Congreso debata el veto de Milei a la ley de financiamiento.

Mientras tanto, florecen las clases públicas, los abrazos simbólicos, las sentadas, los ruidazos, las radios abiertas y las asambleas. Una de las instituciones que siempre saca músculos es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con una tradición de resistencia. Tras conocerse el veto, los estudiantes no dudaron un momento y tomaron el edificio. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales convocó a un abrazo a la institución durante la previa de la tercera marcha, y otras como las Universidades Nacionales de Quilmes y Tierra del Fuego difundieron videos en redes sociales con la leyenda “Sigamos siendo lo que somos”.

Los estudiantes empujan y piden el apoyo de las centrales obreras para que se sumen al reclamo y paren. Pero con los sindicatos, al igual que con el gobierno, tampoco nunca se sabe.