El Gobierno Nacional anunció este martes que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) contemplado en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), una norma que no solo autorizó la privatización de organismos claves para el país sino que también habilitó una delegación sin precedentes al Poder Ejecutivo. Los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) advirtieron sobre los riesgos de esta medida.
Según explicó la administración ultraderechista en un comunicado, el proceso contempla la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, el control accionario de la empresa.
Además, se organizará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario, puntualizó el Gobierno.
Durante 2023, detallaron fuentes oficiales, Nucleoeléctrica Argentina S.A. recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones, mientras que en 2024 no recibió ninguna transferencia, «lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada», destaca el comunicado.
«La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva», sostuvo el Gobierno.
Con la privatizacion parcial, la administración ultraderechista pretende asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, «que prevé su reingreso al mercado en 2027», y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
Trabajadores en contra de la privatización
Este lunes, antes de que el Gobierno diera a conocer el inicio de la privatización parcial, la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos que implicaría el ingreso de privados a una empresa tan estratégica.
«NA-SA es una empresa del pueblo argentino. Garantiza, con estándares internacionales de seguridad, cerca del 9% de la electricidad que consumimos a un precio accesible. Es superavitaria y estratégica: sostiene trabajo calificado, industria nacional, ciencia, tecnología y capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo», señalaron los trabajadores de APCNEAN en el comunicado.
La tecnología nuclear, planteó la asociación de profesionales, «no es un privilegio» sino que «es una política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de las familias e impulsa a la industria argentina con energía segura y siempre disponible».
En la actualidad, detalló APCNEAN, «las tarifas de NA-SA son de las más bajas del mercado, lo que redunda en un beneficio para la sociedad en su conjunto ya que reduce la tarifa de energía eléctrica en general, permitiendo una mejor competitividad energética de nuestro sector productivo».
La decisión de privatizar la compañía, en ese sentido, «no va a mejorar la vida de la gente, sino que incentivaría a que se incremente la tarifa hasta igualar a la del mercado, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado», aseguró la asociación, al tiempo que recordó que el Gobierno de Javier Milei ya concretó la privatización de IMPSA, «entregando a manos extranjeras una metalúrgica nacional centenaria y protagonista de los desafíos del sector nuclear» y «su venta no benefició en ningún aspecto al pueblo argentino».
Con la privatización, la administración ultraderechista pretende convertir la infraestructura nuclear «en un negocio donde se blindan rentas privadas y se socializan riesgos y pasivos de largo plazo», advirtió APCNEAN, que recordó además que «las centrales nucleares requieren planificación, inversión sostenida y un activo control estatal para garantizar su seguridad y la previsibilidad en el suministro de energía eléctrica».
«Apostar por una Argentina con soberanía energética»
La privatización de NA-SA, denunció el comunicado de APCNEAN, se da en el marco de una reducción sostenida en los salarios del sector, desfinanciamiento de proyectos y «una incesante reducción de la planta altamente especializada mediante despidos injustificados de personal de carrera, o por migración hacia actividades mejor remuneradas».
A esto se suma que «el subsecretario de Reforma del Estado Alejandro Tamer, funcionario de Sturzenegger, desembarcó en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para auditar las dotaciones de ambas instituciones» y «su paso por otros organismos concluyó con una reducción de estructura organizativa y de personal», indicaron los trabajadores.
En ese marco, expresaron su repudio al «intento de cercenar las capacidades estatales en materia nuclear» y adelantaron que «no van a tolerar» que «se entregue el patrimonio estratégico de la Nación por un apuro fiscal».
«Defender a Nucleoeléctrica Argentina es defender a quienes trabajan y producen, y es apostar por una Argentina con soberanía energética, tarifas justas y desarrollo para todos y todas», concluyeron los trabajadores.
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