El Gobierno creó por decreto un centro nacional antiterrorista (CNA), que estará bajo el control formal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Sin embargo, la faz operativa dependerá del Ministerio de Seguridad. De hecho, fue Patricia Bullrich quien anunció con bombos y platillos la conformación de un nuevo organismo que le sirve para apuntalar el tramo final de su campaña hacia el Senado. Todo indica que el anuncio busca consolidar el alineamiento de la administración de La Libertad Avanza (LLA) con Estados Unidos e Israel y cumplir con los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A través del decreto 717/2025, Javier Milei oficializó lo que Bullrich y Sergio Neiffert, titular de la SIDE, habían anunciado el martes en conferencia de prensa. Hasta ahora poco se sabe de cómo funcionará el CNA. Neiffert únicamente adelantó que lo hará en oficinas de la SIDE y que no demandará nuevos recursos.
En el decreto, el Gobierno sostiene que el objetivo del CNA es la “recepción, integración y análisis de la información disponible para la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas y el establecimiento de criterios de actuación y coordinación”.
El organismo será dirigido por la SIDE, pero no se informó qué funcionario estará a cargo. Durante la conferencia de prensa, Bullrich se refirió a cierta “discreción”, lo que posiblemente sea un indicador de que el Gobierno intentará dotar al CNA de un grado de secretismo.
Las cuestiones operativas y el diseño de la actividad van a ser responsabilidad de un funcionario que designe Neiffert, pero a propuesta del Ministerio de Seguridad. En la práctica, esto implica que será esa cartera la que marque el pulso del organismo.
En el CNA tendrán representación el Ministerio de Defensa, la Cancillería, las fuerzas de seguridad federales, la Unidad de Información Financiera (UIF) —que puede congelar activos de quienes integran el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (Repet)—, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
El diseño prevé que el CNA tenga enlaces con las provincias y municipios. Incluso habla de vínculos con organismos públicos y privados —lo que podría incluir a empresas—.
Militares al combate del «terrorismo»
Hay dos datos de relevancia hasta ahora: la inclusión del Ministerio de Defensa en el esquema —que parece estar orientada a la incorporación de los militares en tareas de seguridad interior— y la definición amplia e imprecisa de quién puede ser un terrorista.
La clasificación de “terroristas” para Bullrich es amplia. El rango va desde manifestantes hasta integrantes de la comunidad mapuche, a quienes hace nueve meses calificó como “terroristas mapuches” en una publicación en redes sociales.
El año pasado presentó como parte de un complot terrorista a un peluquero, un jugador de ping-pong y un personaje estrafalario que se presentaba como mercenario o agente de la embajada de los Estados Unidos. El asunto quedó en la nada tras un fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
También el año pasado, el Ministerio de Seguridad instaló que había un grupo de terroristas veganos detrás de un paquete explosivo que enviaron a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y hubo una persona detenida. Pero un indicio ya marcaba que algo estaba mal: le encontraron milanesas de carne en el freezer, según publicó Clarín. Más allá del episodio tragicómico, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la libertad de ese hombre que nada tenía que ver con el hecho.
Hubo otros episodios similares durante la gestión de Bullrich en el macrismo. Durante el gobierno de Cambiemos, la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo denuncias por supuestas amenazas terroristas para justificar tareas de espionaje sobre dirigentes políticos como Cristina Fernández de Kirchner.
En el decreto, el Gobierno invita al Ministerio Público Fiscal a integrar el CNA. Allí dicen que todavía no hubo contacto con el Poder Ejecutivo. En la Procuración funciona la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), creada en 2018. Ese organismo está a cargo de Juan Manuel Olima, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal y quien también es el enlace con la SIDE para el análisis de documentación de inteligencia.
Los cuestionamientos a la SIDE
La SIDE viene de recibir un “bochazo” en el Congreso. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) le exigió reformular su Plan de Inteligencia Nacional (PIN) porque no era compatible con los estándares legales.
El PIN decía que un evento de asistencia masiva podría convertirse en un “blanco de oportunidad” para un ataque terrorista, lo que habilitaría a la SIDE a realizar tareas tanto en marchas, recitales o partidos de fútbol.
En su informe crítico, la CBI había dicho que había “inflación” en la SIDE para referirse a la cantidad de estructuras que se crearon. El año pasado, Milei decidió desmontar la AFI, resucitar la SIDE y dividirla en cuatro agencias. Todo eso contribuyó a la elefantiasis del organismo. El CNA es otra estructura burocrática para el Gobierno del topo que viene a destruir el Estado desde dentro.
La ministra escogió un día particular para hacer el anuncio desde la sede del Ministerio de Seguridad: cuando se cumplían dos años del ataque de Hamas. Aprovechó, de esa forma, para reforzar el alineamiento con la política que Benjamin Netanyahu viene implementando desde entonces.
En los considerandos del decreto también se afirma que tanto Estados Unidos como España crearon organismos antiterroristas después de los atentados de 2001 y 2004. En el caso de Argentina, tanto el atentado a la Embajada de Israel como la bomba en la AMIA siguen sin resolverse, y es altamente improbable que un organismo creado más de treinta años después pueda contribuir. Sobre todo cuando, para los tribunales argentinos, si hay algo cierto es que la SIDE usó sus fondos reservados para desviar la investigación del atentado del 18 de julio de 1994.
Página/12 consultó con expertos e integrantes de organismos de derechos humanos, que expresaron su preocupación por lo que podría traer aparejada la puesta en marcha del CNA. «Todo va de mal en peor», resumió María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Bullrich viene impulsando una serie de reformas en las fuerzas de seguridad, particularmente en la Policía Federal Argentina (PFA), que acrecentaron las áreas de inteligencia. Ahora logró poner un pie en un tema que históricamente fue monopolio de la SIDE, como es terrorismo. «Su gestión en seguridad siempre está orientada a buscar conspiraciones delirantes para justificar la persecución política», denunció desde X Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
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