Un excomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) en Mendoza, una contadora y otro hombre fueron condenados por cohecho y asociación ilícita por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1. La Justicia probó que vendían dólares ilegales en casas de cambio clandestinas que funcionaban bajo la fachada de joyerías, como parte de una organización más grande.
El excomisario Dino Enzo Rossignoli se desempeñaba como titular de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA y fue condenado a 6 años de prisión por el delito de integrar una asociación ilícita y cohecho pasivo en concurso real. En tanto, Ezequiel Fernández, empleado de una de las joyerías, fue sentenciado a un año de prisión en suspenso como partícipe necesario de cohecho activo y la contadora María José Degregorio Flores a 2 años y 3 meses de prisión en suspenso.
En abril se realizaron juicios abreviados en el mismo tribunal que había condenado a nueve líderes e integrantes de la asociación. Las penas fueron de entre 3 años de prisión en suspenso y 6 años de cárcel efectiva y multas de hasta 106 millones de dólares. A su vez, se estableció el decomiso de dinero y automóviles secuestrados durante la investigación.
¿Qué pasó?
En 2024, la fiscal federal María Alejandra Obregón, en su requerimiento de elevación a juicio, señaló que entre 2020 y 2022 existió una asociación ilícita integrada por los acusados Rossignoli y Degregorio junto a otras personas, que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina.
La organización instaló en la ciudad de Mendoza distintos locales que comercializaban divisas bajo la apariencia de supuestas joyerías. Eran abastecidas por un grupo de camioneros que habrían contrabandeado oro y joyas desde Argentina hacia Chile para que las casas de cambio ilegales estuvieran provistas de dólares y euros.
Las ganancias obtenidas por las operaciones de cambio eran utilizadas para la adquisición de bienes muebles registrables e inmuebles, producción de eventos musicales y alquiler de inmuebles de los locales que servían para «blanquear» el dinero y otros dos comerciales. En la misma maniobra, se crearon sociedades jurídicas para ocultar el enriquecimiento de los miembros de la organización. Estas luego fueron canceladas por la Justicia.
Una cuestión de roles
Así, el rol de la contadora Degregorio fue clave: disimulaba las ganancias obtenidas por las operaciones de cambio para que el flujo de dinero que ingresaba pudiera ser utilizado bajo una apariencia de origen lícito. También hacía esto con los bienes adquiridos por los líderes de la organización.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que el excomisario Rossignoli cumplió el rol de proteger a la organización al no cumplir con la función de prevención y persecución de los delitos cometidos por la asociación ilícita teniendo conocimiento de su existencia.
Al mismo tiempo, les alertaba cuando iban a realizarse allanamientos sobre los locales comerciales de su propiedad u otros sitios cercanos para que ese día no se efectuaran operaciones de cambio o se hicieran con cuidado, hasta que los procedimientos finalizaran. A su vez, también comprobó que al menos entre 2021 y 2022 recibió sobornos por parte de los líderes para dejar de actuar ante la comisión de un delito.
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