YouTube le pagará a Trump 22 millones de dólares

YouTube aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente Donald Trump para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en esa plataforma de videos después del asalto al Capitolio de 2021. La empresa filial de Google es la última red social, después de Meta y X, en sellar un acuerdo judicial con el mandatario republicano.

Las principales plataformas sociales y webs de videos eliminaron las cuentas de Trump después de que sus seguidores atacaran la sede del poder Legislativo, por temor a que promoviera más violencia con afirmaciones falsas de que el demócrata Joe Biden había hecho fraude en las presidenciales de 2020.

Donald Trump presentó acciones legales contra estas empresas por censurar su discurso. El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall (esto último se refiere a la Explanada Nacional de Washington D.C., una especie de gran parque al estilo francés detrás de la Casa Blanca) que se «dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca», según el escrito. 

Además de los 22 millones de dólares para el proyecto del salón de baile de Trump, YouTube acordó pagar 2,5 millones de dólares a otros aliados de Trump, entre ellos la American Conservative Union. Trump republicó un mensaje compartido en su propia red Truth Social el lunes por la noche que dice que «esta GRAN victoria demuestra que la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias», y añadió que los republicanos «lucharon por la libertad de expresión y ¡GANARON!».

X, la red social de Elon Musk, llegó en febrero a un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda presentada por el magnate republicano contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey (el cierre de la cuenta en X de Trump ocurrió antes de que Elon Musk la comprara). El mes pasado, Meta -empresa dueña de Facebook– se comprometió a pagar 25 millones de dólares a Trump –por las misma razones– 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.

Todas las cuentas de redes sociales del Sr. Trump han sido restablecidas. Los acuerdos se producen en un momento en que Silicon Valley ha adoptado, en general, un tono más conciliador hacia el presidente. Los directores ejecutivos de Alphabet, Meta y X estuvieron sentados en primera fila durante su toma de posesión, lo que indica un cambio en las relaciones entre el Partido Republicano y el sector tecnológico. Estas redes tomaron medidas para relajar la moderación de contenidos en sus plataformas. La semana pasada, YouTube informó que planeaba restaurar varias cuentas que habían sido prohibidas por lanzar fakes sobre el Covid y las elecciones presidenciales de 2020. «YouTube valora las voces conservadoras en su plataforma y reconoce que estos creadores tienen un amplio alcance y juegan un papel importante en el discurso cívico», escribió la compañía a un comité del Congreso controlado por los republicanos.

La mirada del analista

Javier Pallero, experto en políticas digitales e incidencia, explicó a Página/12 que el acuerdo judicial entre Donald Trump y las plataformas digitales, «es menos un reconocimiento a su reclamo y más una muestra de alineación estratégica con el gobierno de EE.UU. Esta afinidad se basa en una visión de la libertad de expresión con moderación laxa, algo que se condice con la agenda conservadora. Y a la vez, esto abarata los costos operativos de las empresas al reducir los gastos en moderación de los contenidos posteados por los usuarios. Este acercamiento es también una respuesta al contexto geopolítico. Frente al avance tecnológico de competidores como China y las presiones regulatorias de la Unión Europea, las empresas estadounidenses buscan una postura proteccionista del poder político, consolidando así una alianza conveniente para ambas partes. Aunque el debate de fondo involucra el derecho colectivo al acceso a la información y la libertad de expresión, es muy probable que las plataformas hubiesen sido favorecidas en el juicio que les hizo Trump, amparadas en su derecho como empresas privadas a determinar su propia línea editorial. Por ello, la decisión de acordar en lugar de litigar, confirma que su prioridad no era la disputa legal, sino consolidar una cercanía funcional con el gobierno. Es una elección que privilegia el cálculo político por sobre el precedente judicial».