Ajuste asimétrico: Milei y Caputo pagaron subsidios por US$3 mil millones a las 500 mayores empresas del país

Las evidencias expuestas confirman la dinámica reciente de la cúpula empresarial, garantizando cuotas extraordinarias del excedente a un puñado reducido de firmas orientadas al enclave primario-extractivo (especialmente hidrocarburos y minería), a los servicios públicos regulados y a la intermediación comercial dominante. Se trata, en suma, de la consolidación de una estructura productiva crecientemente reprimarizada y simplificada, donde el «sacrificio fiscal» asumido por el Estado carece de contraprestaciones efectivas en términos de densificación industrial, desarrollo tecnológico, soberanía económica e integración nacional

En ese sentido, el IPyPP advirtió que las 500 empresas más grandes de Argentina reciben un volumen significativo de subsidios y beneficios fiscales asociados a regímenes de promoción. Por caso, en 2024 estos beneficios alcanzaron los 2.950 millones de dólares, lo que representa el 18% de las ganancias antes de impuestos. Este fenómeno evidencia que la relación fiscal entre el Estado y las grandes empresas no se limita a la recaudación de impuestos, sino que también involucra transferencias de recursos y renuncias tributarias de magnitud considerable.

El informe señala sin embarfo que «la reducción de impuestos no constituye, por sí misma, una política que deba ser rechazada como tal ni tampoco una política de desarrollo. Su legitimidad y efectividad dependen de los objetivos que persiga, de las condiciones establecidas para acceder a los beneficios y de los mecanismos mediante los cuales el Estado pueda orientar, monitorear y evaluar sus resultados».

En este sentido, los incentivos fiscales pueden constituir herramientas legítimas de política económica cuando contribuyen efectivamente a fortalecer la soberanía económica, ampliar las capacidades productivas y tecnológicas y reducir restricciones estructurales al desarrollo. Para ello, deben encontrarse subordinados a objetivos estratégicos claramente definidos, sujetos a condiciones y metas verificables y acompañados por capacidades estatales suficientes para garantizar su cumplimiento.

El problema, por lo tanto, no reside necesariamente en la reducción de la carga tributaria, sino en las condiciones bajo las cuales esta se implementa y en los resultados que genera. Cuando los beneficios fiscales no están sujetos a metas, plazos y mecanismos efectivos de evaluación, existe el riesgo de que una herramienta concebida originalmente como incentivo a la inversión se transforme en una transferencia permanente de recursos públicos hacia determinados segmentos del capital. De este modo, lo que debería constituir un instrumento para promover determinadas capacidades tecnoproductivas puede convertirse en una prebenda de carácter permanente, desvinculada de objetivos de desarrollo y difícil de revertir.