Durante estas comunicaciones fraudulentas, los estafadores suelen disponer de datos reales de la víctima como su DNI, número de CUIL o domicilio particular. Con esa información ganan la confianza de la persona para luego solicitar contraseñas, claves del homebanking o exigir el desplazamiento hacia un cajero automático.
La Clave de la Seguridad Social resulta un objetivo codiciado por las redes delictivas. Este código habilita el acceso a la plataforma digital Mi ANSES para gestionar prestaciones, expedientes y transferencias. Entregar este dato a un tercero por teléfono constituye una entrega directa del control de los ingresos.
Tampoco deben acatarse instrucciones para modificar claves en vivo, ingresar códigos recibidos por mensaje de texto o realizar transferencias de verificación. Ante cualquier contacto imprevisto que pida datos confidenciales, la indicación oficial consiste en cortar la llamada inmediatamente.
De qué manera proteger las claves e información personal
Para realizar trámites de manera segura y sin riesgos de ciberdelitos, el organismo dispone de tres vías de atención verificadas. La principal herramienta de consulta telefónica es la línea 130, un servicio gratuito que funciona en todo el territorio nacional.
A nivel digital, los usuarios pueden ingresar directamente a la plataforma Mi ANSES a través del sitio web institucional o mediante la aplicación móvil oficial. Para gestiones guiadas por un operador, se encuentra habilitado el sistema de Atención Virtual, además de la atención presencial en las oficinas del organismo.
En caso de recibir una llamada sospechosa, los ciudadanos pueden tramitar una denuncia anónima ingresando a la plataforma web en la sección identificada como Denuncias y Reclamos. También es posible radicar el aviso telefónicamente llamando al número 130 o de manera presencial en cualquier delegación.
Para presentaciones formales por escrito, la sede central del organismo recibe documentación en su oficina de Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta tramitación administrativa no reemplaza la correspondiente denuncia judicial.
Si una persona cayó en el engaño y compartió información bancaria, contraseñas o tokens, debe actuar sin demora para frenar maniobras fraudulentas. La primera medida obligatoria consiste en llamar a la entidad bancaria correspondiente para solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas y tarjetas.
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