En esa línea, remarcó que la investidura presidencial exige una responsabilidad mayor y que el mandatario debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar “con libertad y seguridad”. Y agregó: “El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada”.
Las cifras que preocupan por la libertad de prensa
Amnistía Internacional advirtió que los nuevos episodios se producen en un contexto de deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país.
Según el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), durante 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde que comenzó el relevamiento, en 2008.
El informe identificó al propio Milei como autor de 119 de esos hechos, lo que lo ubicó como el principal agresor individual. También contabilizó 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.
Para la organización, estos datos reflejan un escenario en el que las descalificaciones públicas, la violencia en línea y otras formas de hostigamiento pueden afectar no solo a quienes son señalados directamente, sino también al conjunto del trabajo periodístico.
El antecedente ante la Comisión Interamericana
La preocupación por la situación argentina ya había llegado a la CIDH. El 19 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional participó, junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa, de una audiencia dedicada a la libertad de expresión en el país.
En esa instancia se denunciaron el aumento de las agresiones, la violencia digital, el acoso judicial y los ataques sufridos por periodistas durante la cobertura de protestas. La Comisión solicitó al Estado información sobre las medidas adoptadas para prevenir estos hechos y proteger a quienes ejercen el periodismo. También manifestó su interés en realizar una visita al país.
Ahora, frente a los nuevos ataques vinculados con la cobertura del caso $LIBRA, Amnistía buscará que los organismos internacionales vuelvan a poner el foco sobre las condiciones en las que trabajan los periodistas en Argentina.
La advertencia por la autocensura
La organización sostuvo que las autoridades tienen la obligación de prevenir la violencia contra periodistas y evitar discursos que incrementen los riesgos para quienes informan. También señaló que el Estado debe reconocer la legitimidad del trabajo periodístico, incluso cuando las investigaciones o publicaciones resulten críticas para el Gobierno.
Amnistía advirtió que la reiteración de mensajes intimidatorios puede generar un efecto que va más allá de los periodistas mencionados por el Presidente: desalentar investigaciones, favorecer la autocensura y limitar la circulación de información de interés público.
En ese sentido, recordó que investigar las actuaciones de quienes gobiernan es una función esencial del periodismo y una herramienta fundamental para el control democrático del poder.
Finalmente, la organización expresó su solidaridad con los periodistas señalados y reclamó a Milei y al resto de los funcionarios públicos que cesen los mensajes intimidatorios y estigmatizantes, reconozcan el valor del periodismo y garanticen condiciones para que pueda desarrollarse de manera libre y segura.
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