En los casos en que esa validación no haya sido realizada durante la compra, el usuario dispondrá de un plazo de 24 horas para confirmar, modificar o completar los datos antes de que el operador postal quede habilitado para presentar la declaración en su representación.
Para los envíos tradicionales —es decir, aquellos que no provengan de plataformas internacionales de comercio electrónico— el procedimiento será diferente. El destinatario recibirá una notificación con el número de seguimiento del paquete y deberá ingresar al sistema para validar o corregir la información correspondiente, además de abonar la tasa de servicio, los costos de almacenamiento y los tributos que resulten aplicables.
La resolución también aclara que cuando un envío supere el valor máximo permitido o exceda el cupo previsto para este régimen simplificado, el operador postal deberá declarar la posición arancelaria de la mercadería y la importación pasará a regirse por el régimen general, con el pago de todos los impuestos y requisitos correspondientes.
Otro de los aspectos contemplados por la normativa es la aplicación de controles selectivos según criterios de riesgo establecidos por el servicio aduanero. Además, se prevé que el operador postal pueda representar al destinatario durante las inspecciones físicas, salvo que el usuario manifieste expresamente su intención de intervenir personalmente.
La reglamentación también establece el procedimiento para aquellos casos en los que la mercadería no pueda ingresar al país bajo este régimen. En esas situaciones, el destinatario contará con 15 días corridos para decidir si opta por importar el producto mediante el régimen general o solicitar su devolución al país de origen. Si no realiza ninguna gestión dentro de ese plazo, el envío será reintegrado al operador postal para su reexpedición al exterior.
Por último, la resolución contempla la posibilidad de importar especialidades medicinales destinadas al uso personal o familiar, siempre que cuenten con la autorización correspondiente de la ANMAT cuando así lo exija la normativa vigente.


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