El documento sometido a votación —promovido por Canadá, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y España— plantea fortalecer las políticas estatales frente a la violencia de género, contemplando también las agresiones en el ámbito digital, y exhorta a resguardar los derechos de las mujeres junto con su salud sexual y reproductiva.
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