El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando un fallo judicial dio lugar a un amparo constitucional promovido por familiares y allegados del entonces presidente para impedir la difusión de documentación considerada reservada.
Para los denunciantes, esa decisión obstaculizó el acceso a información relevante para esclarecer el entramado empresarial alrededor de ueno bank y otras compañías asociadas, de las cuales forma o formaba parte Peña y su familia directa.
Los senadores también solicitaron a la Fiscalía medidas destinadas a preservar evidencia, incluyendo el resguardo de documentos y correos electrónicos, además de evaluar restricciones sobre movimientos financieros y eventuales salidas del país de los involucrados mientras avance la investigación.
Situación complicada para Santiago Peña
La ofensiva judicial se produce en un contexto especialmente delicado para el exmandatario. De acuerdo con los parlamentarios, Peña integró la estructura accionaria del grupo empresarial al que pertenecía ueno bank hasta marzo de 2025, un dato que consideran central para comprender las relaciones societarias existentes durante el período bajo análisis.
La causa cobró todavía más relevancia después de que el Banco Central del Paraguay anunciara días atrás el procedimiento de resolución de ueno bank, al señalar que la entidad había perdido solvencia tras otorgar créditos significativos a empresas vinculadas a su propio conglomerado empresarial.
Paralelamente, el Ministerio Público imputó la semana pasada a Peña por presuntos delitos relacionados con lesión de confianza y administración en beneficio propio, asegurando que el exmandatario habría intervenido en decisiones vinculadas con la colocación y permanencia de importantes fondos provenientes de organismos públicos y previsionales en la entidad financiera investigada.

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