Para garantizar su cumplimiento, los comercios deben contar con un Plan de Prevención de Desperdicio Alimentario registrado y auditado. Las consecuencias de no hacerlo son severas: en casos graves o de reincidencia, las multas pueden superar los 500.000 euros.
Controles severos para supermercados y grandes comercios
La legislación también apunta directamente a la cadena de comercialización masiva. Los supermercados y grandes tiendas están obligados a implementar una gestión eficiente de sus excedentes. Entre las pautas exigidas se destacan:
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Incentivar la venta de productos imperfectos o que estén próximos a su fecha de vencimiento mediante descuentos.
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Priorizar la donación de alimentos aptos para el consumo humano a entidades sociales antes de descartarlos.
Quienes incumplan estas disposiciones o tiren comida apta para el consumo enfrentarán sanciones que alcanzan los 60.000 euros.
Con este paquete legislativo, España busca alinearse formalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, transformando hábitos de consumo tradicionales e imponiendo una cultura de aprovechamiento en toda la industria alimentaria.
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