Es que en la gran mayoría de los proyectos de esta índole hay alguna compañía estadounidense, y fue el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, quien presionó a las más altas esferas de la gestión libertaria para hacer ese cambio clave.
De manera que, de ser convertida en ley, las sanciones solo quedarían concentradas en quienes tengan una participación directa en los proyectos cuestionados, como en el caso del proyecto Sea Lion de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, perteneciente a las empresas británicas Rockhopper y la israelí Navitas.
Uno de los puntos que se estableció es que el monto de las sanciones se pasaría oscilaría entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando la multa original. Además se incorporó el Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad, integrado por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
Se aceptó también un pedido para la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional que será integrada por ocho legisladores y podrá hacer un seguimiento de esta ley, en caso de ser aprobada.
Se modificó el artículo que sancionaba con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. En ese artículo se excluyó al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
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