Cuatro miembros de Revolución Federal fueron citados como testigos

Mientras la Cámara de Diputados trataba el proyecto de «Ficha limpia», cuyo ostensible objetivo es proscribir a Cristina Fernández de Kircher, se reanudaba en Comodoro Py el juicio por el atentado en su contra, cometido el 1 de septiembre de 2022, un hecho que no fue otra cosa que el intento más extremo y brutal por eliminarla de la escena política. La novedad que dejó esta primera audiencia pos feria judicial, fue que el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), al admitir un pedido de la querella, citó para la semana próxima como testigos a cuatro integrantes de la organización ultraviolenta Revolución Federal, un grupo que desplegaba agresivas acciones en las calles y que en la plataforma Twitter Spaces proponía cómo matar a la entonces vicepresidenta, hoy presidenta del PJ. Algunos de ellos fueron a provocar cuando comenzaron la movilizaciones en su respaldo ante el juicio conocido como «Vialidad» y estuvieron en esos mismos días en el piso de arriba de su departamento, en al casa de la vecina Ximena de Tezanos Pinto.

Los abogados que representan a la expresidenta, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, habían reclamado a fin de año un pedido que declaren testigos que estaban pendientes de confirmación. Además de los de Revolución Federal (RF) pidieron, por ejemplo, que testifiquen las secretarias Gerardo Milman –exmano derecha de Patricia Bullrich–, a quienes les borraron sus celulares en una oficina de la actual ministra de Seguridad cuando comenzó la investigación sobre las pistas que vinculaban al diputado a aspectos ligadas al atentado, incluso sus proyectos en la Cámara de Diputados donde insinuaba que alguien podría buscar matar a CFK. Cuando la jueza María Eugenia Capuchetti elevó el caso a juicio se limitó a los autores materiales. Dejó afuera la pista política y el posible financiamiento. RF y Milman son investigados en expedientes que siguen en etapa de instrucción pese a que pasaron dos años y medio. 

Por ahora el TOF6 admitió como testigos a miembros de RF para la semana próxima y el resto será evaluado. En esa condición están obligados a decir la verdad. La querella había explicado en un escrito que se los debía escuchar porque «uno de los puntos focales de esta investigación es el contexto en el que se dio el atentado», «y Revolución Federal fue parte de ese contexto». Dijo que aunque sus testimonios estén algo limitados por estar imputados en otras causas, podrían ser útiles, incluso porque todo indica que el principal acusado, Fernando Sabag Montiel, y su novia, Brenda Uliarte, juzgada como coautora, fueron al menos a una de sus marchas, la de las antorchas, en Plaza de Mayo. La chica incluso hablaba con alguien de la organización. 

Guillotina y otras amenazas  

Uno de los objetos que usaba Revolución Federal para identificarse era una guillotina, el instrumento para aplicar la pena capital que le gusta invocar a Javier Milei para echar a funcionarios. El propio referente del grupo, Jonathan Morel, había contado que la fabricó en su pequeña carpintería en Boulogne. La llevó a una de las protestas contra el gobierno de Alberto Fernández con la leyenda: «Todos presos muertos o exiliados». La «o» de la primera palabra estaba reemplazada con el sol del Frente de Todos. 

En aquel taller, que no tenía cartel a la calle, fue donde apareció como si fuera casualidad Rossana Caputo, una de las hermanas del ministro de Economía, Luis Caputo, y le encargó a Morel una mesa ratona y banquetas, pero se rompieron. Entonces le reclamó que las arregle, y ya que estaba le ofreció un enorme trabajo en Añelo, cerca de Vaca Muerta para equipar 60 departamentos, aunque no tenía capacidad para hacerlo. Como sea, la firma Caputo Hermanos le pagó con esa excusa más de 15 millones de pesos que, se sospecha, financiaron la violencia. Los pagos comenzaron justo un día antes de que la agrupación inaugurara sus despliegues violentos, el 25 de mayo de 2022 y se cortaron dos días antes del intento de magnicidio. 

Los miembros de RF citados para el miércoles próximo al juicio oral son, además de Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Facundo Ambrosino. Tanto ellos como Guerra están procesados por incitación a la violencia colectiva, en una causa a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Agitaban consignas como «van a correr» o «cárcel o bala al kirchnerismo» y decían que su objetivo era «que los kirchneristas tengan miedo de ser kircheristas». En las calles agredieron y escupieron a dirigentes, legisladoras y funcionarios y tiraron basura en al puerta del Instituto Patria. Ninguno de los Caputo que integra Caputo Hermanos (una gran empresa de emprendimientos inmobiliarios) fue llamado jamás a indagatoria. La firma es representada por el estudio del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ahora delegado en sus hermanos. 

En Twitter Spaces RF hacía convocatorias con temas como: «No llegan a diciembre», «12 años e inhabilitación perpetua» (por CFK) «¿Hay que pudrirla?» Las charlas fueron en los mismos días en que miles de personas se manifestaban en las cercanías de la casa de la exvicepresidenta como respaldo. En una de ellas Morel dijo que para matar a la expresidenta había que meterse entre la multitud, hacerse pasar por militante, cantar la marcha peronista y pasar a la historia. Planteaba que él no lo podía hacer porque lo conocían. Alentaba que alguien actuara. Fue lo que hizo Sabag Montiel.

Revolución Federal se metió en las movilizaciones para provocar. Guerra y Sosa estuvieron en el departamento de arriba del de CFK, invitados por Tezanos Pinto (otra testigo pedida, aún no confirmada). Guerra iba todos los días porque supuestamente hacía arreglos en la vivienda. A pesar estos y otros datos, ni la jueza Capuchetti ni la Cámara Federal aceptaron juntar la investigación sobre RF con la del atentado. La pista Milman también quedó separada. Son formas de debilitar una causa. Morel y Sosa iban a los primeros actos donde Milei perfilaba su candidatura presidencial. Sosa apareció en la Cámara de Diputados, invitado por Lilia Lemoine, cuando se empezó a debatir al entonces llamada Ley Omnibus pero se tuvo que retirar por el repudio. 

Peritajes y un largo trecho

Este miércoles declararon solo dos testigos sobre el secuestro del celular del tercer imputado, Gabriel Carrizo, dueño del negocio de copos de azúcar que Sabag y Uliarte vendían y usaban para hacer inteligencia en la zona de la vivienda de CFK. El teléfono fue entregado por el propio Carrizo pero su defensor decía que no había sido un acto voluntario. Uno de los testigos, Francisco Manuel Fernández Sosa, dijo que fue totalmente voluntario. 

Finalmente, el celular dañado de Sabag Montiel, que iba a ser peritado la semana pasada pero se cortó la luz, se hará el 13 de marzo. Será el último intento por rescatar su contenido, lo que incluye mensajes y la búsqueda de otros indicios de con quién hablaba por aquellos días.  Hay tantas posibilidades de que el procedimiento sea exitoso como de que el aparato quede inutilizado. 

Antes de esa fecha, el 24 de febrero, se hará la pericia psiquiátrica y psicológica que había pedido el anterior defensor de Uliarte –Alejandro Cipolla–, quien apostaba sacarla del juicio con el argumento de que no está en condiciones mentales de afrontarlo. La joven echó al letrado y ahora tiene un defensor oficial, Eduardo Chittaro, quien había pedido suspender las audiencias 40 días para estudiar el expediente. Aunque no le hicieron lugar, el juicio tendrá una larga pausa de tres semanas por cuestiones de agenda del tribunal, después del 19 de febrero. Cuando se reanuden, declararán tres integrantes del grupo de los «copitos» que aún no lo hicieron. Este cambio de calendario complicaría la posibilidad de tener alegatos en mayo, como algunos imaginaban.