Según Mur, la investigación penal también podría arrastrar a funcionarios y organismos de control estatales si se llega a probar que omitieron fiscalizar a propósito o habilitaron estas resoluciones haciendo caso omiso.
Los cuestionamientos que se están produciendo en Jujuy tienen un efecto espejo en Tucumán, donde el Grupo Neuss controla EDET, que este año debía convocar a una licitación por la mayoría accionaria. No obstante, a pesar de las críticas públicas sobre un “acuerdo espurio” entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los Neuss, se desplazaría la llamada a 2027.
Retornando al caso de Jujuy, de acuerdo con la denuncia a la que accedió Julián Maradeo, se detalló la existencia de un «ardid contable, coordinado y sostenido», destinado a eludir los controles de la autoridad de recaudación y “defraudar la Hacienda Pública Nacional, afectando simultáneamente el bolsillo de los consumidores residenciales, comerciales e industriales”.
No obstante, indicaron que el delito, presuntamente, se esconde detrás de un “mecanismo de facturación” de tres pasos.
Primero, el titulado “usuarios residenciales: ocultamiento y omisión de IVA”. En este apartado, el foco está puesto sobre los hogares respecto de los cuales EJESA habría operado “el concepto bajo la figura del cargo Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), omitiendo registrar la actividad real de generación aislada ante los organismos fiscales”.
En este sentido, la denuncia subraya que se habría producido la omisión absoluta de la alícuota del 21% de IVA sobre el sobreprecio del Sistema Aislado Provincial al cobrar este importe como «exento» o «no alcanzado». De la forma en que EJESA factura, sostuvo el ingeniero que presentó la denuncia, “no debita el IVA y, por lo tanto, todo lo que ellos tienen como crédito fiscal pasa a ser gasto, motivo por lo cual pagan menos impuesto a las ganancias. Según los cálculos estimados por Farfán, solo entre mayo de 2024 y de 2026, el perjuicio estimado al fisco asciende a poco más de 3500 millones de pesos.
El segundo paso es titulado en la denuncia como “Usuarios No Residenciales: licuación del tributo”. En este caso, explicaron que para los comercios e industrias la maniobra adquiere mayor complejidad, dado que EJESA calcula internamente el IVA (21% o 27%) “sobre el sobreprecio y lo incorpora de forma oculta dentro de la tarifa unitaria cobrada. De esta manera, la distribuidora percibe el monto del débito fiscal directamente del bolsillo del comerciante, pero jamás lo declara ni lo ingresa a las arcas del Estado Nacional”. La evasión calculada bajo este rubro supera los 2800 millones de pesos.
Por último, aparecen los “impuestos a combustibles no consumidos”. En este parágrafo, se detalló que el sobreprecio que se le habría cobrado al usuario sería a partir de tomar como base el cálculo de cierto volumen de gasoil. Sin embargo, la denuncia señala que los importes recaudados en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) en realidad corresponderían a combustible que nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica. La cifra supera los 220 millones de pesos. Farfán enfatizó ante Ámbito: “EJESA no aparece como generadora, sin embargo factura como tal”.
Sumados los tres alcanzan la friolera de más de 6600 millones de pesos en apenas un año. Esto lleva a conjeturar que si el análisis se extiende hasta el presente la cifra es bastante superior. Incluso, en esta línea, el mencionado Mur sostuvo que el cargo FOPEJ subió 6900 por ciento en el último lustro.
Por último, Mur contó que meses atrás, como consecuencia del corte de energía generalizado que padeció Jujuy, desde la asociación civil que preside presentaron una denuncia, que actualmente se tramita en la justicia provincial, cuestionando la triangulación contractual y el impacto del costo de 79 dólares por megavatio que se traslada a la factura final. Los acusados son EJESA, la empresa provincial JENSE y la firma santafesina Industrias Juan Secco. La denuncia presentada por Mur tuvo su eco en la Legislatura, ya que el bloque del PTS-Frente de Izquierda ingresó un proyecto de solicitud de informes para que el Poder Ejecutivo explique el estado real de los contratos firmados con Industrias Juan F. Secco, señalada por instalar paneles que, según la denuncia, nunca se conectaron a la red, a pesar de que la provincia paga 106 mil dólares cada mes.
Hasta ahora, EJESA ha omitido manifestarse públicamente al respecto ni mucho menos intentó mediar con el denunciante: “Mostraron un total desinterés por el tema, estimo que apostando por el todo pasa”, concluyó Farfán.


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