Denuncian penalmente a Milei por su charla en la ORT: lo acusan de proselitismo e incitación al odio político

La acusación por los dichos de Milei contra el periodismo

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el momento en que Milei se refirió a los periodistas. De acuerdo con la denuncia, el Presidente afirmó: “Esto es para los periodistas que me tratan de hundir”. Y luego, ante el abucheo de algunos alumnos, los denunciantes remarcaron que respondió: “Díganlo más fuerte que se los festejo”.

Para Magioncalda y Fazio, esas expresiones implicaron una incitación a hostigar públicamente a la prensa frente a un grupo de estudiantes secundarios. En la denuncia sostienen que Milei “abusó de la relación asimétrica” que tenía con los adolescentes y que utilizó el espacio escolar para una “arenga de carácter proselitista”.

Los denunciantes también invocaron la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación Nacional. Sostienen que el discurso presidencial habría afectado el derecho de los estudiantes a una formación basada en el pluralismo y el respeto por la diversidad política.

Qué delitos le atribuyen

La presentación sostiene que los hechos podrían configurar el delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal, y el previsto en el artículo 3° de la Ley 23.592, que sanciona a quienes alienten o inciten a la persecución o al odio contra personas o grupos por sus ideas políticas.

Sobre este último punto, los abogados argumentaron que calificar de “satánicas” a determinadas ideologías no sería simplemente una crítica política, sino una forma de estigmatización. En palabras de la denuncia, esa caracterización “elimina la legitimidad del adversario político, transformándolo en un ‘enemigo’ al que no se debe debatir, sino erradicar o perseguir”.

También cuestionaron específicamente el llamado a los alumnos a abuchear a periodistas y sostuvieron que se trató de una conducta de “aliento explícito al hostigamiento y a la persecución laboral y gremial”. Finalmente, los denunciantes pidieron que la Justicia tenga por formulada la denuncia, impulse una investigación y, una vez determinadas las responsabilidades correspondientes, establezca si existió responsabilidad penal.