Denunciaron a un juez por obstaculizar un viaje clave por el caso Nahuel Gallo y dádivas

“La eventual recepción de dádivas por parte de un magistrado reviste una gravedad institucional particularmente significativa”, afirma el escrito. También subraya que “la independencia judicial no sólo debe existir en términos reales sino también proyectarse en la percepción que la ciudadanía tiene respecto de sus magistrados”.

En ese marco, se solicitó que se requiera al Banco Central información sobre las cuentas del juez desde 2023 para verificar si hubo compra formal de entradas; que la Oficina Anticorrupción informe si registró esos eventuales obsequios; y que se evalúe si se cumplió con la Ley 25.188 de Ética Pública, que establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones (…) con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

gendarme gallo

La negativa al viaje de Tapia

Otro eje de la denuncia apunta a la decisión del juez de rechazar la autorización para que Tapia viajara a Venezuela entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026, en el expediente CPE 1182/2025. De acuerdo con la presentación, esa resolución “tuvo como efecto directo impedir la concreción de un viaje que se encontraba vinculado a gestiones en curso relacionadas con la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela”.

El escrito sostiene que se trataba de “una situación de extrema sensibilidad institucional” y que el desplazamiento “constituía una oportunidad concreta para avanzar en negociaciones vinculadas con la liberación del ciudadano argentino detenido”.

Pese a ello, el magistrado rechazó la autorización invocando, entre otros argumentos, la situación política en Venezuela y la existencia de denuncias de detenciones arbitrarias. Para el denunciante, la resolución “aparece prima facie como un acto jurisdiccional arbitrario en tanto implicó la adopción de una medida innecesaria y desproporcionada frente a los riesgos invocados”.

Además, remarca que el propio tribunal había autorizado previamente viajes internacionales del mismo imputado en la misma causa, por lo que la negativa posterior “evidencia un ejercicio discrecional de las facultades jurisdiccionales carente de razonabilidad suficiente”.

Pedido de indagatoria y actuación del Consejo

En el petitorio, Dalbón solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria al juez Amarante y que se impulsen medidas de prueba para determinar si existió cohecho y abuso de autoridad. También pidió que se ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura para que evalúe la eventual existencia de faltas funcionales.

“Existen elementos suficientes para considerar que la conducta del juez Diego Amarante podría configurar un supuesto de abuso de autoridad”, concluye la denuncia.

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