La diputada de Unión por la Patria (UxP) Mónica Macha y su par del Frente de Izquierda Christian Castillo presentaron proyectos de ley para anular el Decreto 383 impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que modificó el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA). Este cambio se presentó como un nuevo paradigma, pero mantiene viejas malas prácticas y encarna nuevos peligros como la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial.
El paraguas con el que el Ejecutivo modificó por decreto el estatuto de la PFA, que estaba vigente desde 1958, fueron las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Para Macha, el nuevo estatuto de la PFA «resulta a todas luces violatorio de esenciales principios del Estado de Derecho», ya que le otorga atribuciones a la estructura policial que «exceden las funciones constitucionales asignadas a su competencia».
Según afirma la diputada de UxP, esas disposiciones son lesivas de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y resulta «a todas luces nulas, de nulidad absoluta». «De ninguna manera el Presidente de la Nación tiene facultades para disponer tal aberración jurídica, lo que constituye además una amenaza grave a los derechos y garantías de los argentinos y argentinas», sostiene la diputada.
El diputado Leopoldo Moreau junto a otros diputados de UxP también denunciaron a Bullrich por violar la Ley de Inteligencia tras el operativo que realizó requisas y registró nombres de quienes se movilizaron en micro hacia Plaza de Mayo para rechazar la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Respecto de la reforma del PFA, Macha agregó que «las disposiciones referidas constituyen una clara herramienta que busca ampliar discrecionalmente las facultades de la Policía Federal y su uso potencial en persecuciones políticas y sociales, implementando sesgos racistas y discriminatorios» y convocó a sus pares a «evitar la destrucción de las libertades democráticas, y de los derechos y garantías de nuestro país».
Por su parte, Castillo aseguró en los fundamentos de su iniciativa que el nuevo Estatuto de la PFA «reforma las atribuciones de la fuerza y avanza, lisa y llanamente, en la liquidación de las garantías constitucionales, imponiendo un régimen de espionaje policial ilegal y de detenciones arbitrarias».
«Con la excusa de modernizar a una fuerza corrupta y socia del gran delito, le confieren nuevas tareas que permiten detener a cualquier persona sin causa ni pruebas, habilitando el espionaje ilegal y la detención arbitraria, dando mayor poder represivo, extorsivo y criminal a la Policía Federal», advirtió el diputado del FIT, que presentó el proyecto con las firmas de Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.
La habilitación a la Policía Federal para que «pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado, busca invertir el sistema penal argentino, pasando del ‘derecho penal de hecho’ al ‘delito de autor’. Es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo».
El decreto firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y Bullrich, reformuló las atribuciones de la fuerza de seguridad, confirmando el fin de sus tareas de seguridad dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y creando Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con el que prometieron reorientar las tareas hacia la investigación criminal de delitos complejos.
El estatuto incorpora el ciberpatrullaje en espacios digitales sin autorización judicial, el acceso a bases de datos públicas y privadas y mantiene malas prácticas de requisas personales o detención de personas sospechosas, por hasta 10 horas, sin mediar una orden emitida por un magistrado. «Vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos y de Israel, así pondremos a la Policía Federal en línea con los estándares del FBI», arengó Milei en el acto de presentación.
«La CIDH ordenó que la Policía tenga criterios claros para detener a una persona sin orden judicial o sin actuar en flagrancia. Detenciones que se tradujeron en operativos de control población, en operativos para ‘hacer estadística’ y que ocurren con criterios discriminatorios», advirtió la coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, sobre lo que Milei y Bullrich decidieron no modificar en el estatuto de la PFA.
Y advirtió sobre las nuevas tareas de ciberpatrullaje: «Puede ser utilizado para la persecución de la organización política y la libertad de expresión». Además, la especialista del CELS advirtió sobre la figura de «operativos de prevención», que habilitará «requisas sin orden judicial en el contexto de una protesta social».
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