Según aseguraron, pese al envío de cartas documento y la notificación a los titulares, nadie se ocupó del pago de la deuda por lo que, al igual que sucede en todos los cementerios, se procedió con el proceso judicial para expropiar la bóveda.
El reclamo de los herederos de la bóveda en el Cementerio de Recoleta
Sin embargo, todo cambió luego de la publicación de la licitación: los propietarios se presentaron y plantearon un recurso de amparo en la Justicia porteña.
El expediente judicial fue presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6 por Lucía Girado, quien solicitó la nulidad del procedimiento que declaraba la caducidad de la concesión de la bóveda familiar.
Ante esto, el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia, ordenó al Gobierno de la Ciudad abstenerse de dictar la caducidad del terreno formado por las sepulturas uno a 12 y demasía del número 201, Sección 17 del cementerio, y de disponer de una eventual licitación o remate público.
La medida también ordenó la suspensión de la Licitación Pública N°10002-1251-LPU26 para la concesión comercial de la bóveda.
En la resolución, el juez Gallardo señaló que “el cementerio, como bien jurídico, constituye un espacio de paz y descanso para los deudos y no un centro comercial”.
Adelantó que, a partir de la declaración de caducidad, el Gobierno habría iniciado una segunda etapa orientada a una explotación comercial onerosa y lucrativa en un lugar que podría estar fuera del comercio.
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