El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
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A su vez, el diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.
Bolivia: se extienden las protestas
El Gobierno de Paz aseguró que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de rutas que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.
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Sin embargo los bloqueos ya se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca y están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
En tanto, la Justicia investiga la muerte de un hombre por un disparo en medio de un operativo de represión y disturbios registrados el sábado para despejar una ruta troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas ocasionaron la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
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