La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia que condenó al Estado nacional por incumplir con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación. Pocas horas después el juez Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en una causa en la que fue imputada por transferir 14.000 millones de pesos al PNUD.
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