En ese expediente, además, pidió que se investigue una posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras.
El nuevo planteo de Paulón vuelve a poner el foco en la necesidad de esclarecer qué decisiones se tomaron sobre un activo estratégico del país, quiénes intervinieron en las operaciones y qué controles se aplicaron.
Las pérdidas millonarias que encendieron las alarmas
Uno de los ejes de la denuncia es el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos US$1.023 millones, con egresos de divisas.
La cifra abrió interrogantes sobre la estrategia utilizada para administrar las reservas, los instrumentos contratados y el impacto económico de las operaciones.
La investigación deberá determinar si esos resultados respondieron a una cobertura financiera legítima, cómo se estructuraron los contratos y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado. La existencia de pérdidas, por sí sola, no acredita la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
El otro interrogante: ¿dónde está el oro argentino?
La controversia también tiene como antecedente el traslado de lingotes al exterior durante 2024. El Banco Central confirmó que había transferido parte de sus reservas de oro fuera del país, pero la información sobre las cantidades, las condiciones de las operaciones y su destino generó cuestionamientos de la oposición.
En septiembre, durante una exposición en el Senado, Bausili sostuvo que una parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación aclaró que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas todavía se encontraba en curso y señaló demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.
La falta de precisiones sobre el recorrido de los lingotes y las condiciones en que se realizaron las operaciones alimentó los reclamos para que se conozca la documentación respaldatoria y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
La denuncia de Dalbón y los funcionarios bajo la lupa
En paralelo, Dalbón amplió su denuncia contra Caputo, Bausili y Curutchet y solicitó medidas de prueba para reconstruir las operaciones financieras con oro realizadas durante 2025. También pidió que se investigue si existió una actuación coordinada entre funcionarios de distintas áreas.
Entre otras medidas, reclamó contratos, actas del directorio del Banco Central, informes de riesgo, registros de liquidaciones y documentación sobre los pagos efectuados. Además, pidió una pericia contable para establecer el resultado económico real de las transacciones.
Con la presentación de Paulón, el tema suma un nuevo capítulo judicial y político. El eje de los reclamos es determinar cómo se administraron las reservas, qué información estuvo disponible para los organismos de control y si las decisiones adoptadas se ajustaron a las obligaciones legales de los funcionarios.
Paulón pidió a la justicia que intime al presidente del Banco Central a remitir todos los informes relacionados al oro, las Reservas y “operaciones financieras sobre estos bienes públicos”
La denuncia de Paulón recayó tras el sorteo en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.
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