En tanto el Banco Central (BCRA), de diálogo constante con las entidades bancarias, los apuró en privado. Si bien en público defienden que esto es un tema «entre privados», hay contactos permanentes para evaluar la salud de esos préstamos caídos en desgracia.
Se descarta, obviamente, cualquier medida que pueda ser leída como un «rescate». «Si hiciéramos algo, no sería un rescate de los deudores, sería un rescate a los bancos que prestaron plata. Eso es inadmisible», dijo una fuente del Central.
Incluso hablan de que hay un «moral hazard» que les impide inmiscuirse en el tema. Este «riesgo moral» ocurre cuando un banco o entidad financiera asume riesgos excesivos -como inversiones peligrosas o préstamos sin garantías- porque confía en que el Estado o un banco central lo rescatará con dinero público si las cosas salen mal.
Esa opción de la mano del Estado está completamente fuera de discusión.
El debate sobre qué hacer con los deudores ya empezó a generar propuestas alternativas para permitir que familias y empresas refinancien sus compromisos sin caer automáticamente en peores categorías crediticias.
En el Gobierno repiten que los bancos tomaban plata a tasas bajas y luego cobraban «cualquier cosa» al que pedía un préstamo. Esto no se modificó ni siquiera ahora.
Mientras que la BADLAR promedió apenas 21%-22% de tasa nominal anual (TNA) en julio, la tasa promedio de préstamos personales se ubicó en torno al 66% con un costo financiero total (CFT) del 100%.
Como resultado, el spread entre tasas activas y pasivas alcanzó el mayor registro de los últimos 14 años.
La combinación de tasas elevadas, ingresos familiares bajo presión y una creciente utilización del crédito para financiar consumos básicos se convirtió en uno de los principales focos de preocupación sobre la evolución del sistema financiero.



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