El Gobierno retiró al Estado de la querella en la causa por la deuda contraída por Mauricio Macri con el FMI

«La Procuración del Tesoro ha expresado, luego de un análisis de las actuaciones, que la resolución dictada ha respetado formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso y que se ha fundado en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa mencionada precedentemente», agrega el documento, y concluye que «el Ministerio Público Fiscal es el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación».

Apelaron el archivo de la causa

El fiscal federal Franco Picardi apeló el jueves el fallo que archivó la causa por presuntas irregularidades en la toma y uso del préstamo Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018, al sostener que la resolución fue arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas.

En su recurso, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la jueza realizó una evaluación fragmentaria del material probatorio y trató los distintos episodios como hechos aislados, cuando para la fiscalía forman parte de un proceso concatenado que debe ser analizado de manera global para determinar eventuales responsabilidades penales.

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Además, cuestionó que el fallo haya transcripto evidencia sin ponderarla ni justificar de qué manera se arribó a las conclusiones que derivaron en el archivo de la causa.

El planteo de Picardi remarca que existen indicios suficientes para profundizar la investigación. Entre las hipótesis formuladas se mencionan posibles incumplimientos normativos en la toma de deuda, presuntas irregularidades en la administración de los fondos, opacidad en el proceso de negociación y decisiones que habrían provocado perjuicios económicos relevantes para el Estado y la sociedad.

El recurso también pone en discusión aspectos institucionales y procedimentales del acuerdo, como la falta de intervención formal del Congreso o del Presidente mediante actos administrativos específicos, así como la posible simulación o reconstrucción posterior de expedientes administrativos para justificar decisiones ya adoptadas.

En función de estos agravios, la fiscalía solicitó que se revoque el archivo y que la Cámara Federal ordene continuar la investigación, al considerar que la magnitud institucional y económica del caso exige un análisis más profundo y exhaustivo.

Decreto 87/2026:

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