En materia de atención, el proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios y contempla dispositivos alternativos, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia. También incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes, que deberán recibir atención de equipos con formación infantojuvenil y permanecer separados de los adultos durante las internaciones, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.
Salud Mental: pelea por el financiamiento
La discusión sobre los recursos necesarios para aplicar la reforma fue uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo, sus aliados y los representantes de las provincias. Para destrabar el tratamiento, el Gobierno incorporó modificaciones que contemplan mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las jurisdicciones, con previsiones presupuestarias para sostener la implementación de la ley.
Durante el debate, el senador Gerardo Zamora cuestionó que la iniciativa asigne nuevas responsabilidades a las provincias sin garantizar, a su entender, los recursos necesarios. En la misma línea, Guillermo Andrada sostuvo que las dificultades de la legislación vigente no responden necesariamente a sus principios, sino a la falta de financiamiento para sostener el modelo de atención comunitaria.
Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la reforma con el argumento de que la normativa actual resulta insuficiente para dar respuesta a determinadas situaciones clínicas. La senadora planteó que el objetivo es intervenir a tiempo y dotar al sistema de herramientas para actuar ante escenarios de riesgo grave.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y sostuvo que la prevención debe ser el eje del abordaje.



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