Mucho más allí donde se necesita mano de obra intensiva, como la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco, cuya modalidad de contratación representa cerca del 70% del empleo rural.
“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar«, indicó la UATRE mediante un comunicado.
Y afirmando que «su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales«.
«La UATRE denuncia la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva”, añade, considerando que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades».
Para la UATRE, «la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas».
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