En Carlos Paz, los turistas deberán pagar la atención médica 

A partir de una polémica decisión, el Hospital de Carlos Paz cobrará la atención médica a los turistas que se hospeden en la ciudad durante la temporada 2025. La medida también afectará a los habitantes de los municipios vecinos, ya que regirá para todos los que no cuenten con un domicilio constituido en la localidad. A tono con una economía cada vez más regulada por el mercado y el achicamiento del Estado que pregona el gobierno nacional, el acceso a la salud también se ve limitado. En diálogo con Página 12, especialistas advierten que “la privatización del sistema de salud ya está en marcha a nivel nacional”.

Una consulta de guardia costará 5 mil pesos (si se receta medicación, 8 mil); una tomografía computada, 10 mil y unos rayos X, 5 mil; una internación de hasta seis horas, 20 mil y una internación en terapia intensiva, 60 mil al día. Desde la Municipalidad de Carlos Paz explicaron que es una medida necesaria ya que, durante el verano, suelen cuadriplicar la ocupación de la ciudad y, en efecto, crece la demanda en los efectores de salud. Aunque la institución recibe fondos de la provincia, en el municipio señalan que resultan insuficientes durante la época estival.

Por el momento, otras ciudades atractivas para el turismo como Mar del Plata y los balnearios del Partido de la Costa en la Provincia de Buenos Aires, prestan sus instalaciones sin necesidad de un pago, tanto para residentes como para visitantes. Habrá que ver si, a futuro, decisiones en esta línea perjudican la afluencia de turistas o no influyen en la cifra final de ganancias para un territorio que vive gracias a esta actividad.

Oscar Atienza, médico, magíster en Salud Pública y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, comenta: “Estamos muy preocupados por lo que sucede en Carlos Paz. No solo le cobrarán a los turistas, sino a la gente que vive en municipios vecinos. Con esto, comienza el proceso de privatización de la salud a nivel nacional. Se empieza a generar una división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Y continúa con un ejemplo: “Si de pronto vivís en un municipio en donde hay un hospital y un tomógrafo estás beneficiado, pero si vivís en el de al lado que no tiene ninguna de las dos, te tenés que mover y pagar por la salud”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba en su página oficial repudió: “Se trata de otra medida que afecta brutalmente a los sectores de menores ingresos, que utilizan la salud pública”. Y en otro pasaje agregó: “En el marco del tremendo ajuste que gobierno de Milei impone sobre los sectores populares, que derrama claramente en la Provincia y los municipios, la imposición de (el intendente) Avilés expresa otra política más que golpea el derecho a la salud de la población, medida que afecta también a las y los turistas que van a vacacionar a Villa Carlos Paz y al Valle de Punilla».

Problema en cadena

“Carlos Paz se beneficia del turismo que recibe a nivel nacional y termina cobrando por las prestaciones de salud a gente que ya paga por salud a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Se va a generar una cadena de intendentes que terminarán cobrando y en poco tiempo estaremos todos pagando por la salud. Hay que frenarlo ya, el intendente de Carlos Paz debe rever esta medida y no cobrar. Todos los argentinos somos víctimas de este desastre sanitario que vivimos durante los últimos doce meses”, expresa Atienza.

En Carlos Paz, aseguran quienes están a favor, buscan limitar una demanda que desborda al personal de salud. Un dato a tener en cuenta: la temporada alta de turistas correlaciona con la temporada alta de siniestros viales en las rutas de las Altas Cumbres. Bajo esta premisa, establecen que a partir de este 2025 quienes no sean vecinos deberán abonar para poder consultar a un médico de guardia o ser asistido en una emergencia ante un imprevisto en plena vacación. Esta disposición va en la misma dirección de lo que provincias como Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy decidieron al arancelar la salud para los extranjeros no residentes en 2024.

La disposición en Carlos Paz, que había sido debatida en el último encuentro del año del Concejo de Representantes de la localidad el 27 de diciembre, se hizo efectiva a partir del 1° de enero de 2025. Alcanza al Hospital municipal «Gumersindo Yasago», así como también a las dependencias pequeñas la interior de la jurisdicción. Quienes se verán más perjudicados, como es habitual, serán quienes no cuenten con cobertura, porque aquellas personas que dispongan de obra social podrán gestionar el reintegro.

Bien de mercado

Juan Manuel Castelli, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias en el Ministerio de Salud de la Nación, ofrece su punto de vista: “Una medida de este estilo muy probablemente produzca mayor fragmentación de un sistema ya fragmentado, y por ende resienta más aún la posibilidad de lograr un acceso más equitativo y universal. Creo que parte del problema está en considerar a la salud como un bien de mercado en lugar de considerarla como un derecho”.

Luego, el exfuncionario agrega: “En un centro turístico, parte de la recaudación ordinaria y extraordinaria proviene precisamente del turismo. Entonces, si la medida es tomada negativamente por quienes están de vacaciones, seguro que sea negativo en la ecuación general. Está bastante demostrado que los sistemas integrados son más eficientes que los desintegrados. Atomizar las decisiones de acceso de esta manera seguramente no contribuya a solucionar el financiamiento del sistema”, plantea Castelli.

Algo similar sucede con otras disposiciones del gobierno nacional que apuntan, por ejemplo, a cobrarles la universidad a los extranjeros. Aunque en la práctica es un cambio que no tiene mucho impacto –ya que desde hace mucho tiempo es necesario tener algún tipo de residencia para estudiar en las universidades nacionales– busca generar repercusiones mediáticas y reacciones en redes sociales. Si dos aspectos destacaban al Estado argentino eran la salud y la educación superior de calidad, gratuitas e irrestrictas. Algo que la gestión gubernamental libertaria insiste en romper.

El gobierno avanza con la retirada del Estado: ya no garantiza un precio justo para los medicamentos, ni regula lo que sucede con las obras sociales y las compañías de medicina prepaga. Como sucede en otras partes del mundo, quien tiene dinero accede a un derecho esencial como la salud, y quien no tiene billetera se las arregla como puede. ¿Será que un año después de su asunción el gobierno deba redefinir el concepto de casta?