Frente al avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, calificado por el Ejecutivo como un peligro inminente de apropiación de recursos no renovables; el presidente Javier Milei estructuró un esquema de sanciones económicas, administrativas y penales destinado a cercar a las firmas que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
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