Fuerte rechazo docente a los cambios que eliminan la repitencia en la secundaria

Muchas veces existe la sensación de que las autoridades educativas, al definir nuevas medidas, lo hacen “sentados en sus escritorios”, o sin consultar a quienes después deben implementarlas en el aula. Un nuevo estudio de la UCA y la Asociación Conciencia sugiere que esa percepción tiene bastante de cierto.

Los investigadores hicieron una encuesta a 1.148 docentes y directivos de 750 escuelas secundarias -públicas y privadas, urbanas y rurales, técnicas y no técnicas, y de distintos niveles socioeconómicos y regiones del país- y encontraron un fuerte rechazo a varias de las reformas implementadas en los últimos años.

Uno de los puntos que más rechazos levanta es el cambio en los regímenes académicos que eliminó la repitencia por año completo y la reemplazó por sistemas de aprobación por materias. La provincia de Buenos Aires es el distrito que más avanzó en este esquema, aunque reformas similares también fueron implementadas -o están en proceso- en la Ciudad y otras provincias.

El estudio encontró que 6 de cada 10 educadores están en contra de reemplazar la repitencia tradicional por un sistema de aprobación por materias. Solo 28,7% se mostró a favor.

Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (ODSA-UCA), explicó que, de todos modos, el panorama es más complejo: hay diferencias importantes entre los distintos perfiles docentes y los contextos escolares.

El rechazo a la eliminación de la repitencia tradicional es mayor entre los docentes de escuelas privadas, asociadas a sectores de mayores ingresos. En cambio, tiene más apoyo entre docentes que trabajan en escuelas vulnerables y rurales, y en algunas regiones, como el AMBA y la Patagonia.

“El rechazo no necesariamente implica que los docentes defienden la repitencia clásica. Lo que vemos es que están cuestionando la forma en que se implementaron las alternativas”, explicó Tuñón.

“Claramente el sistema de repitencia genera problemas -agregó Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Asociación Conciencia-. Un alumno que aprobó diez materias en un año y, por desaprobar tres, tiene que volver a cursar las siete materias que ya aprobó, le genera mucha desmotivación”.

“Lo que vemos es que la mirada del docente muchas veces no fue considerada al momento de tomar este tipo de decisiones, que se imponen o se bajan a las escuelas”, agregó el especialista.

El relevamiento exploró cuáles son, para docentes y directivos, los principales problemas que atraviesa hoy la escuela secundaria. El dato más contundente fue la falta de motivación de los estudiantes: el 82,3% de los encuestados la mencionó. Muy cerca aparecieron las inasistencias de los alumnos (73,8%).

Más atrás surgieron otros problemas estructurales, como la falta de personal especializado para abordar situaciones complejas -especialmente vinculadas a salud mental y violencia escolar-, la escasez de materiales pedagógicos y la falta de exigencia académica.

En este último punto, los investigadores interpretan que existe entre muchos docentes una resistencia a “bajar la vara” como estrategia para que más alumnos pasen de año.

Otro dato que llamó la atención fue que el 61,8% de los encuestados identificó la desmotivación de los mismos docentes como uno de los principales problemas de la secundaria. Los investigadores vincularon ese fenómeno con las malas condiciones laborales y las dificultades crecientes para enseñar en aulas con alumnos desenganchados de la escuela tradicional.

¿Qué hacer con los celulares en el aula? El tema está en agenda en todo el mundo, donde avanzan las prohibiciones, y el estudio de UCA y Conciencia encontró un dato llamativo. La opción que reunió más consenso entre docentes y directivos fue integrarlos pedagógicamente a las clases.

El 42% de los encuestados consideró que ese es el mejor camino. De todos modos, el escenario aparece dividido: si se suman los que dicen que hay que prohibirlos o restringirlos, se llega al 36%, bastante cerca.

Las diferencias vuelven a aparecer según el contexto social y territorial. El apoyo a integrarlos pedagógicamente es mucho mayor en las escuelas rurales (donde hay menos conectividad y el dispositivo es más valorado) y en las que atienden a sectores vulnerables, donde los alumnos tienen más dificultades para conectarse a Internet.

Fernández Alves señaló que muchas de las problemáticas que hoy la escuela intenta abordar requieren trabajar directamente con el mundo digital. “Si queremos enseñar educación financiera, prevenir la ludopatía o trabajar sobre fake news y redes sociales, necesitamos integrar el dispositivo en la tarea educativa”, sostuvo.

El estudio también indagó en la autonomía escolar y el rol de las familias, dos temas que hoy aparecen en el centro del debate educativo, a raíz del proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa, que introduce importantes cambios.

En términos generales, docentes y directivos se mostraron ampliamente a favor de que las escuelas tengan mayor capacidad para tomar decisiones propias. El 91% dijo que le gustaría contar con más autonomía en al menos algún aspecto de la vida institucional.

Entre los puntos más valorados aparecen la posibilidad de fortalecer el vínculo entre la secundaria y el mundo del trabajo. Por ejemplo, mediante pasantías o proyectos con empresas.

Pero cuando la discusión pasa al rol de las familias, el escenario cambia. La mayoría de los docentes percibe una escasa participación de los padres en la vida escolar cotidiana. Seis de cada diez consideran que las familias están alejadas de la tarea educativa, una percepción que crece todavía más en las escuelas de sectores vulnerables.

En ese contexto, la propuesta oficial de crear Consejos de Padres en las escuelas -con la capacidad de definir nombramientos docentes y contenidos- encuentra un rechazo importante entre los educadores. Siete de cada diez opinan que no debería haber un consejo de padres que seleccione equipos de gestión directiva.

“Los docentes ven favorable que las familias acompañen más las trayectorias escolares de los chicos, pero no necesariamente que formen parte de la toma de decisiones dentro de la escuela”, sintetizó Fernández Alves.

“Es difícil pensar en un mayor involucramiento cuando muchas veces ni siquiera logran asistir a una reunión convocada por la escuela”, planteó.

En lo que sí están ampliamente de acuerdo los docentes es en otra medida que propone la Ley de Libertad Educativa, que es el examen al terminar el secundario. El 65% está a favor.

El apoyo atraviesa casi todos los perfiles docentes, aunque es más fuerte en las escuelas privadas y entre los docentes con mayor antigüedad. Solo un 16% se mostró en desacuerdo.

El estudio también preguntó sobre las pruebas Aprender y apareció una tendencia favorable a ampliar la publicidad de los datos. Un 34% apoyó que los resultados se publiquen por escuela, algo que no está permitido por ley actualmente. Y 19% que le envíen la información a las familias.

Fernández Alves sostuvo que existe una percepción equivocada sobre este tema. “Hay una lógica instalada de que el docente se opone a que exista un mayor grado de publicidad en los resultados de las evaluaciones. La investigación nos muestra otra cosa”, afirmó.

Como conclusión, los investigadores destacaron que hay políticas que generan consenso entre los docentes, como una mayor autonomía escolar, el examen final o integrar pedagógicamente el celular, y otras despiertan fuertes resistencias, como la eliminación de la repitencia o los Consejos de Padres.

En ese sentido, Tuñón dijo que el informe no busca clausurar debates ni definir qué reformas deben hacerse o no, sino aportar evidencia sobre cómo son percibidas por quienes trabajan todos los días en las escuelas. “Hay temas que tienen alto nivel de rechazo, pero eso no quiere decir que no haya que discutirlos. Lo que el informe permite ver es dónde están los obstáculos y por qué ciertas propuestas no logran adhesión”, explicó ante una consulta de Clarín.