Además, el Gobierno instó a la Coviar a presentar en un plazo máximo de tres meses un informe final que detalle resultados alcanzados, uso de recursos y rendición de cuentas.
Aunque formalmente esta medida no implica la disolución de la Coviar lo cierto es que esta era su principal fuente de ingresos. La desaparición del PEVI y de los aportes obligatorios deja al organismo ante un panorama incierto, en un contexto ya complejo para la industria vitivinícola en medio del fuerte derrumbe del consumo interno merced de la licuación de los salarios de los trabajadores y en momentos de fuertes dificultades parala exportación.
En 2020 la industria vitivinícola alcanzó exportaciones por 2 mil millones de dólares.
En agosto del año pasado el directorio de la Coviar había aprobado un incremento del 45% en la alícuota de la contribución, medida que fue rechazada tanto por el gobierno de Milei como por los principales referentes del sector bodeguero. La contribución era menor a un peso por litro elaborado, embotellado o vendido, así como por cada kilo de uva procesada.
Al mismo tiempo, la Coviar funciona como un ente público-privado encargado de coordinar y ejecutar acciones vinculadas al desarrollo del sector vitivinícola, en línea con los objetivos del PEVI.
El ministro de de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y calificó a la Coviar como «una aberración». En su cuenta en las redes sociales aseguró que «en total, entre 2004 y 2025, se le sacaron al sector -lo pagamos todos nosotros- USD 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron».


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