De acuerdo con esos valores, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina mediante aportes por un total de 500 mil dólares.
Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos serán destinados, según el comunicado, a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la intervención de organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.
Una vez realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.
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