30 de abril de 2026

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Justicia por Sofía Fernández

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Les propongo el siguiente ejercicio. Piensen en alguien muy querido por ustedes. Un buen día, cenan y se quedan charlando con esta persona hasta la madrugada. Al mediodía, van a buscarla y no está en su casa. Por la tarde, dos policías los visitan. El primero les avisa que esa persona que no les responde los mensajes fue encontrada perdida y que se halla en una comisaría porque están indagando en sus antecedentes penales. El otro policía les dice que participó en un intento de robo. Ustedes inmediatamente se dan cuenta de que algo está mal, ya que la persona en cuestión no tiene antecedentes, no tiene problemas con nadie, ni tampoco está involucrada en acciones delictivas. Esa misma madrugada, vuelven a tocarles el timbre. Esta vez es una psicóloga acompañada por dos gendarmes. Les informa que esta persona que ustedes aman se acaba de suicidar en la comisaría y les recomienda que consigan un perito para la autopsia porque al amanecer el cuerpo va a ser trasladado a la morgue. Nada tiene sentido, ¿verdad?

Ahora imaginen que esa persona es travesti o trans.

El jueves 11 de septiembre, agrupaciones de derechos humanos, familiares junto con la Comisión de Justicia y autoconvocades, referentas travestis y trans, organizaciones sociales y feministas se concentraron en los tribunales de San Isidro para pedir justicia por Sofía Fernández. Pasaron ya más de dos años de su muerte y no se conoce con certeza en qué circunstancias ocurrió. Lo que sí sabe su hermana Mabel, que sostiene esta lucha desde el primer día, es que nadie se suicida en una comisaría. Y menos Sofía.

Sofía era una mujer trans de 39 años que vivía en Pilar. El 8 de abril de 2023 fue detenida arbitrariamente por la Policía Bonaerense por un delito no probado. Dos días después apareció muerta en una comisaría, la 5ta de Derqui, Pilar. Hubo diez oficiales acusados por el hecho. De todos ellos, nueve fueron sobreseídos y solo uno de ellos irá a juicio por homicidio triple calificado: el oficial Carlos Rodríguez. La fiscalía viene pidiendo que la carátula se cambie a crimen de odio por identidad de género.

Según datos oficiales de la morgue judicial, el deceso habría ocurrido por participación de terceros. Ni suicidio ni muerte súbita, que era lo que había alegado la policía, la autopsia reveló que ocurrió por asfixia: en su garganta encontraron pedazos de colchón y una bombacha. Además, su cuerpo presentaba dos costillas rotas, tres hematomas en la cara y de su pelo faltaba un mechón entero que, se sospecha, le fue arrancado de un tirón. En el historial de Google de los celulares de los policías acusados se hallaron búsquedas más que sugerentes: “Sofía Fernández Escort”. También se halló un chat donde uno de ellos decía: “quédate tranquila que con esto lo resolvemos”. El abuso es completamente burdo: alguien borró más de 190 mensajes de texto de Sofía mientras el teléfono se encontraba custodiado.

Ha sido tan grosero el nivel de encubrimiento, que el Ministerio de Seguridad les asignó abogado a cada uno de los acusados de las fuerzas de seguridad, mientras que los familiares de Sofía tuvieron que pagar su representante con plata de sus bolsillos. El sistema descarga su odio en la víctima y luego le vuelve a cobrar a su familia. Así estamos y así funciona. Por este tipo de situaciones es que pedimos reparación.

No me resulta extraño el dato endogámico: en los equipos de defensa de los policías involucrados hay abogados que están trabajando en el caso Libra. Uno de ellos es Francisco Oneto, que se hizo conocido por ser el abogado de Máximo Thomsen, uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa. Oneto nos viene dejando frases en redes y en entrevistas que sostienen, por ejemplo, que a los homosexuales hay que curarlos y que no habría odio en querer hacer eso.

La muerte de Sofía nos confronta con una dura realidad que sigue disciplinando a las diversidades en nuestro país y en todo el mundo. Es un recordatorio trágico de la violencia sistemática y el menosprecio que enfrentan las personas travestis y trans, especialmente en contextos de discriminación, vulnerabilidad y falta de protección efectiva. Este travesticidio ocurrido en un espacio de autoridad revela la completa impunidad y el encubrimiento que casi siempre rodean estos hechos. La justicia no ha sido todavía ni rozada y en muchos casos, la falta de investigación y la ausencia de castigo perpetúan un ciclo de violencia que parece no tener fin. La impresión de que quienes están en el poder o en las instituciones nos lastiman en vez de cuidarnos y protegernos incrementa esa certeza de desamparo y de que la discriminación y la violencia son aún parte de la normalidad.

Es importante que tomemos conciencia de que la lucha por los derechos de las diversidades no puede detenerse, y que cada acto de violencia, cada muerte y cada injusticia, exige una respuesta. El asesinato de Sofía y los de tantas otras mujeres trans evidencian que a pesar de los avances y las leyes y las demandas sociales, los crímenes de odio siguen ocurriendo de manera alarmante.

Hoy grito: “basta de impunidad, basta de travesticidios, justicia por Sofía”.

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