Fue el 5 de febrero del año 1996 cuando una escultura de hierro se derrumbó sobre Marcelita Iglesias y acabó con su vida. Por entonces, la nena tenía seis años y se encontraba de excursión junto a la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. Tres décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra el Estado argentino.
De acuerdo con el fallo dictaminado el 26 de noviembre, el tribunal declaró a la República Argentina responsable por «haber incumplido su deber de regular, supervisar y fiscalizar adecuadamente la instalación de una escultura de hierro» que terminó con la vida de la pequeña.
A partir de la resolución de la CIDH, el Estado deberá «pagar a los padres la suma establecida en la sentencia por concepto de gastos por tratamiento médico y psicológico» y tendrá que crear un espacio de la memoria y recreativo para la niñez y la adolescencia que, en el caso de que así lo quieran, «deberá realizarse en el plazo de dos años».
Además, el Gobierno de la Ciudad deberá hacer una “compilación de la normativa aplicable en la materia objeto del caso» y ponerla a disposición del público en forma permanente» en su sitio web.
“Estamos satisfechos de que pudimos cumplir con Marcela y la sentencia”, expresó Nora Ribaudo, madre de la víctima, a la agencia Noticias Argentinas.
El accidente fatal ocurrió en Palermo, en el Paseo de la Infanta que, tras la muerte de Marcelita, también se conoce como Paseo Marcela B. Iglesias. En aquel momento, la estructura también cayó sobre otras dos menores que resultaron heridas.
En un principio, la causa apuntó contra Danilo Dazinger, el escultor de la obra que ocasionó el accidente. También contra Lowenstein y Diana Lía de Lowenstein, dueños de la Galería Der Brücke; Nelly Perazzo, coordinadora del concurso durante el cual se construyó la escultura; y tres ex funcionarios por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Entre las razones por las que se podía esperar un fallo favorable a los padres de Marcelita se cuentan que la estructura y la instalación de la obra tenían múltiples irregularidades, sumado a la falta de seguridad. La escultura de hierro que aplastó a la niña (que murió en el acto) pesaba más de 200 kilos.
La causa había sido declarada prescripta por las juezas de la Cámara de Casación Ana Capoluppo de Durañona y Vedia y Amelia Berraz de Vidal. Sin embargo su colega, Gustavo Hornos, había votado en disidencia, en contra de la prescripción.
El expediente presentado ante la CIDH -que llegó a esa instancia debido a que la causa prescribió en la Argentina- también da cuenta que, durante la investigación, se verificó que la “estructura metálica estaba en evidente estado de oxidación y corrosión; que, a pesar de su gran parte y peso, se encontraba sujeta solo de dos extremos con un único punto de soldadura; y que nunca había sido asegurada debidamente, teniendo en cuenta su peso y proporción”.
El caso de Marcela Brenda Iglesias, ocurrido en el Paseo de la Infanta, llegó así a una instancia decisiva luego de más de tres décadas de reclamos de su familia en busca de justicia.
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