La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que no use el hambre como arma de guerra en Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este miércoles que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la  Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) y Hamas, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó garantizar las necesidades básicas de la población civil en la Franja de Gaza y abstenerse de utilizar el hambre “como método de guerra”. Mientras que el grupo islamista y la Autoridad Nacional Palestina celebraron la conclusión del tribunal, el gobierno israelí dijo que la Corte está politizada y negó que incumpla el derecho internacional.

Orden del tribunal

Durante la lectura de la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de la ONU, el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, recordó que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia, y de aceptar y facilitar los planes de ayuda organizados por Naciones Unidas, en particular los de la UNRWA. “La población de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente. En tal situación, Israel, como potencia ocupante, está obligado a aceptar y facilitar los planes de ayuda”, subrayó Iwasawa, al concluir que las restricciones impuestas por las autoridades israelíes provocaron un abastecimiento inadecuado y tuvieron consecuencias catastróficas para los civiles palestinos.

El tribunal, con sede en La Haya, recordó además la obligación de Israel de no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra y prohibió cualquier medida que obstaculice el suministro de agua, alimentos, medicinas o servicios esenciales. También rechazó de manera explícita el argumento israelí de que la UNRWA haya perdido su carácter neutral, al señalar que la investigación interna de Naciones Unidas que derivó en el despido de nueve empleados sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 no basta para concluir que la agencia, en su conjunto, no sea una organización neutral.

La CIJ añadió que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza (incluido el uso del hambre como método de guerra), no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamas u otras organizaciones de milicianos. Además, enfatizó que la UNRWA es indispensable e insustituible a corto plazo en Gaza, y aclaró que Israel no puede invocar motivos de seguridad para suspender de manera general las operaciones humanitarias. También destacó que el país tiene la obligación de no impedir ni retrasar el ingreso de asistencia y de los organismos internacionales.

La Corte reiteró que la deportación o el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado, en todo o en parte, está prohibido, y recordó que el traslado puede considerarse forzoso no solo cuando se produce por la fuerza física, sino también cuando las condiciones de vida son intolerables y no dejan más opción a la población que huir. Asimismo, ordenó a Israel permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acceder a los palestinos detenidos en cárceles israelíes, en cumplimiento de las normas internacionales de protección de personas bajo ocupación.

Reacción palestina e israelí

Palestina celebró las conclusiones de la CIJ y advirtió de que Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades establecidas por la Corte, por lo que llamó a los Estados miembros de la ONU a hacer cumplir la ley y obligar al gobierno de Netanyahu a respetar sus obligaciones internacionales. “No hay ningún pretexto, contexto ni excusa que Israel pueda usar para justificar negar el trabajo de organizaciones internacionales en el territorio palestino ocupado ni para impedir la labor de la UNRWA”, indicó el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, encabezado por Mahmud Abbas.

El grupo islamista Hamas también celebró el fallo de la CIJ en un comunicado y subrayó que la obligación de Israel de atender las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino en Gaza supone un claro llamado para que la comunidad internacional actúe de inmediato para garantizar el ingreso de la ayuda humanitaria y evitar su politización o utilización como herramienta de presión por el gobierno de Netanyahu.  En ese sentido, sostuvo que Israel «está cometiendo una forma de genocidio porque mata de hambre a los palestinos deliberadamente».

En cambio, el Ejecutivo israelí rechazó categóricamente las conclusiones de la CIJ. «Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del ‘derecho internacional'», manifestó el Ministerio de Exteriores en una publicación en la red social X, además de defender que cumple plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Aunque la opinión consultiva de la CIJ no es jurídicamente vinculante, su peso político y simbólico aumenta la presión internacional sobre Israel. Esta es la tercera vez que el tribunal opina sobre la presencia israelí en Palestina. El año pasado, consideró que las políticas de asentamientos israelíes violan el derecho internacional y la presencia continua de Israel en Palestina es ilegal, por lo que le exigió la evacuación de todos los colonos, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967. En 2004, confirmó la ilegalidad del muro de separación construido por Israel en Cisjordania.