El abogado también cuestionó la actuación del fiscal federal Franco Piccardi, a quien responsabilizó por haber impulsado la investigación sin determinar previamente el origen y la autenticidad de las grabaciones. «El error fue del fiscal. En lugar de investigar el origen de los audios, inició una causa y la publicitó», señaló.
El informe elaborado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que los audios analizados presentan características incompatibles con un registro continuo. Entre los hallazgos figuran indicios de regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas que impiden certificar su autenticidad.
Además, los peritos indicaron que tampoco fue posible asignar técnicamente las voces registradas a las personas imputadas en el expediente, un elemento que podría resultar determinante para el futuro de la causa judicial.
Ahora será la Justicia la que deberá evaluar el alcance de las conclusiones periciales y definir si los cuestionamientos sobre la autenticidad de los audios afectan la continuidad de una causa que tuvo fuerte repercusión política y mediática desde su inicio.
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