La incógnita por la posición argentina

Hace 30 años, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en China, líderes de 189 países y más de 30.000 activistas feministas consensuaron una hoja de ruta adelantada a su tiempo, que se proponía lograr la igualdad de derechos para las mujeres y niñas. Ese programa, conocido como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se convirtió en la agenda política mundial sobre igualdad de género con el mayor respaldo a escala mundial. Paradójicamente –o no– ni siquiera los países más desarrollados y avanzados económicamente han cumplido con todos los objetivos. Ninguno, según datos de la ONU.

En pocos días la Plataforma de Beijing actualizada –lo que se conoce como Beijing+30– se pondrá en discusión, con la idea que sea ratificada por todos los países que forman parte de la ONU, con los agregados necesarios: por ejemplo, la inclusión de la problemática de la violencia digital, de la violencia política y de los cuidados y el impacto del cambio climático sobre la vida de mujeres y niñas. Se hará en Nueva York, en la 69ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU –CSW por su sigla en inglés– empieza el 10 de marzo. ¿Qué posición tendrá la delegación argentina?

«Que se ratifique el compromiso de Beijing»

La CSW es el principal órgano intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y los derechos de mujeres y niñas. “Esta reunión es muy importante porque queremos que se ratifique el compromiso de Beijing. No hay ningún país que haya logrado la igualdad”, señala a Página/12 la fundadora y directora de la Fundación de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, una histórica activista feminista que estuvo en aquella Conferencia Mundial de 1995 en China. Su ONG tiene estatus consultivo en la ONU. Bianco hace unos veinte años que participa de las sesiones de la CSW. Es de las feministas argentinas que más conoce las tramas de las negociaciones en los foros de ONU vinculados a los derechos de las mujeres. El 10 de marzo volverá a estar en Nueva York para seguir de cerca las discusiones.

En realidad, aclara Bianco, las negociaciones intergubernamentales se están dando en estos días. “Se quiere llegar al 10 de marzo con un documento consensuado para presentarlo ese día”, adelanta. La 69°CSW finaliza el 20 de marzo.

Cuando se hizo la Cumbre de la Mujer en Beijing, la delegación oficial del Gobierno argentino –siguiendo las órdenes del presidente Carlos Menem– se alineó con la Santa Sede y los países musulmanes, los más retrógrados en términos de derechos para las mujeres. “Argentina no aceptó que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos, hubo un rechazo rotundo al aborto pero también al uso del preservativo y al concepto de familias en plural”, recordó Bianco.

Dos años antes de la Cumbre en Beijing, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que la ONU celebró en 1993 en Viena, por primera vez los derechos de las mujeres se reconocían explícitamente como derechos humanos.

Lo alcanzado

Tres décadas después, en las que el movimiento feminista en el país empujó grandes logros y se ampliaron los derechos para mujeres y colectivos LGBT+, hay otra vez un Gobierno que se alinea con las agendas más conservadoras en términos de familia, derechos sexuales y reproductivos. Incluso va más allá, al negar directamente la existencia de la desigualdad de género, las brechas salariales de género y al pretender eliminar figuras clave como la del femicidio e instrumentos de discriminación positiva como el cupo laboral trans.

¿Qué posición adoptará la Argentina en la 69°CSW? Según trascendió, la delegación nacional la encabezaría Ursula Basset, quien responde a Karina Milei. Basset habría quedado virtualmente a cargo del área de Derechos Humanos de Cancillería, según distintas fuentes consultadas por este diario, aunque no se conoció oficialmente su nombramiento. Basset es la abogada detrás de la profundización del giro reaccionario en la política exterior de Argentina, contraria a la Agenda 2030 de la ONU. Según pudo saber este diario, se están cuestionando el uso del término género y la referencia al cambio climático, entre otros puntos. Lo que no se sabe es cómo votara: si se desvinculará del texto o si objetará algunos párrafos y hará llega su posición y reservas. Esta segunda postura es la que llevó adelante el menemismo en Beijing. Cualquiera de las dos posiciones alimentarán otro papelón internacional.

En noviembre se había informado que Derechos Humanos de Cancillería quedaba bajo la órbita del joven militante libertario Nahuel Sotelo designado como secretario de Culto y Civilización. La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores está caída hace varios días, es decir, no hay organigrama oficial a la vista. Otras delegaciones como la de Francia, Alemania, Brasil, Sudáfrica, apunta Bianco, estarán encabezadas por funcionarias de mayor jerarquía e incluso rango ministerial.

Para dar cuenta de la situación en el país, en un evento paralelo a la 69°CSW, el 12 de marzo las feministas argentinas darán a conocer un documento muy crítico del Gobierno de Milei, dando cuenta de todos los retrocesos en políticas públicas, con la firma de más de doscientas ONG.

El impacto de la declaración de Beijing

En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995 se destacó el problema de la violencia contra las mujeres. El impacto de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing ha sido enorme en estos años: impulsó la sanción de normativa y políticas para el empoderamiento de las mujeres y leyes para dar respuesta a la violencia de género.

En 1994, cerca de 12 países tenían sanciones legales contra la violencia doméstica –en ese entonces se nombraba así–. Hoy, la base de datos mundial sobre la violencia contra las mujeres y niñas de ONU Mujeres registra 1.583 medidas legislativas repartidas en 193 países, entre las cuales se incluyen 354 que se centran específicamente en la violencia doméstica. A contramano de esta tendencia, en Argentina el Gobierno impulsa un proyecto que busca proteger a agresores de mujeres y niñeces y a pedófilos.

El ataque sistemático del Gobierno a las políticas para prevenir la violencia contra mujeres y diversidades tuvo un impacto drástico: la cantidad de víctimas asistidas en organismos públicos se redujo abruptamente desde que asumió Milei. De más de 43 mil afectadas asistidas en el segundo trimestre de 2023 se pasó a apenas 4.550 en el mismo período de 2024: una caída del 89,6 por ciento de acuerdo a las estadísticas oficiales del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, un registro administrativo donde se cargan los casos atendidos en instituciones del Estado nacional, provincial, y municipal, tal como reveló en su momento Página/12. Esta tendencia coincide con la caída significativa en el número de mujeres y LBTIQ+ incorporadas al Programa Acompañar, que determinaba año tras año el mayor volumen de casos registrados en el sistema. Es decir, miles de mujeres afectadas por la violencia machista no están recibiendo atención. La principal política de gobierno es la negación del problema.

El retroceso en Argentina

Además, por primera vez desde la década del 80 del Siglo XX, el país no cuenta con un organismo rector a nivel nacional en materia de promoción y protección de derechos de las mujeres y LGBTI+.

Los datos de ONU Mujeres revelan que los países que contemplan la violencia doméstica en la legislación registran menores tasas de ese tipo de violencia en el ámbito de la pareja, que los que no la contemplan: 9,5 por ciento frente al 16,1 por ciento.

“Ahora en Argentina hay que volver al comienzo y decir que sin igualdad y acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos, no hay crecimiento económico para el país. Retroceder en esto es nefasto. Ahí está la gran desigualdad de poder que justifica la violencia de género en sus múltiples formas, como la violencia obstétrica o los transfemicidios. Necesitamos que se actualice la Plataforma de Acción de Beijing y que todos los países se comprometan a cumplirla”, consideró Bianco muy enojada con los legisladores del radicalismo –su partido político– que avalan los DNU y los proyectos de Milei en el Congreso. “Es indignante”, subraya.