Desde el Ejecutivo se sostiene que la Justicia avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo al inmiscuirse en la elaboración del presupuesto.
La demanda inicial provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, que presentaron un amparo ante el impacto de la suspensión en tratamientos y servicios.
Por su parte, el Juzgado Federal de Campana argumentó en su sentencia que los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. La resolución judicial recordó, además, los compromisos que el Estado argentino ha asumido en tratados internacionales sobre derechos humanos.
La decisión final sobre la vigencia inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la definición de los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.
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