Dichos archivos están bajo escrutinio judicial y la defensa reclama acceso completo a esas pruebas.
El pedido judicial indaga también la compra de un inmueble en la calle Miró al 550, el dinero usado en la operación y los recibos de amoblamiento. Asimismo, busca esclarecer ingresos exentos de Ganancias, egresos en efectivo por traslados o colegiaturas y la intervención de interpósitas personas para abonar gastos.
El seguimiento judicial alcanza la tenencia de activos digitales. La fiscalía exige especificar el historial de transacciones con criptodivisas y el fondeo inicial utilizado. En su balance de 2025, el exdirigente reportó ganancias por liquidación de tokens y un capital total por encima de los $944 millones.
La estrategia de los letrados defensores requiere examinar la evidencia documental remitida por la fiscalía a partir del peritaje al celular de Matías Tabar, el desarrollador de la obra investigada. Fuentes allegadas a la causa confirmaron que la defensa considera indispensable analizar esa información para contestar el pliego fiscal.
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