Fuerte cruce político y movilizaciones masivas en Madrid
La expulsión forzosa generó un inmediato terremoto político en el país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el hecho como una «tragedia social» y prometió impulsar de forma urgente un nuevo decreto legislativo en materia de vivienda. Por su parte, sus socios de Sumar exigieron expropiar de inmediato la vivienda, mientras que Podemos tildó el operativo como un «asesinato».
Desde la oposición, el Partido Popular cuestionó el fracaso general de la política gubernamental, al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al oficialismo de demagogia y responsabilizó directamente al Ejecutivo, recordando que se ejecutan más de 25.500 desahucios al año.
El malestar popular se trasladó a las calles: más de 10.000 personas marcharon en el centro de Madrid bajo la consigna «¡Maricarmen somos todos!», mientras réplicas de la protesta se vivieron simultáneamente en ciudades como Barcelona y Oviedo para repudiar el avance de la especulación inmobiliaria.
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