Nadie detiene los desmontes ilegales en Chaco

Se desforestaron casi 170 mil hectáreas de la región del Impenetrable chaqueño desde noviembre de 2020, denunció Greenpeace. Se trata de cuatro desmontes ilegales que equivalen a más de ocho veces la ciudad de Buenos Aires y ponen en peligro la calidad de los  ambientes.

Con estas cifras, el país sigue manteniendo altos índices de deforestación, a pesar de haber firmado un compromiso de Deforestación Cero para 2030. Los desmontes se dieron en fincas cercanas a Taco Pozo, al Parque
Nacional Copo y a la Reserva Provincial Loro Hablador. En cada uno de los lugares, Greenpeace colocó carteles cerca de las raíces de los árboles con leyendas como «Crimen ambiental», «Acá había un bosque» y «Basta de desmontes».

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, explicó: «La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes».

Deforestar sin permiso

Desde noviembre de 2020 no se emiten permisos para deforestar en la provincia porque dos causas judiciales lo impiden. La primera fue presentada por la organización Conciencia Solidaria y la asamblea vecinal Somos Monte porque la provincia no había definido las áreas en las que se permite desmontar y en las que no. En 2024 se hizo en lo que para la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) fue un tratamiento express que no cumplió con los requisitos contemplados en la Ley de Bosques –no contó con la mesa técnica exigida por el consejo de políticas ambientales (COFEMA) ni
consulta pública– y retrocedió la protección de enormes áreas.

Ese mismo año, por una supuesta vinculación entre empresas de desmonte y funcionarios, la AAdeAA presentó una causa en la justicia federal que frenó los desmontes. Enrique Viale, abogado parte de AAdeAA, contó a Página/12: «Se secuestraron topadoras, la causa avanzaba fuertemente, pero hace unas semanas el poder de Chaco empezó a incidir sobre la justicia federal y la jueza se declaró incompetente». Para él, eso era algo buscado por la justicia provincial que si se vuelve competente, podría tener más poder sobre la causa

«Tenemos apelada esa incompetencia para que siga la Justicia Federal, donde además hay un fiscal federal que viene investigando muy bien», concluyó Viale. Cruz resaltó: «Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia». En el Informe sobre Regresión ambiental de AAdeAA declararon que desde diciembre de 2023 el país «atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia», y que en Chaco existe una «mafia del desmonte».

En 2019 Greenpeace había presentado un amparo ante la Corte Suprema de la Nación contra Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y el Estado Nacional «por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos». El tribunal declaró su competencia y todavía se espera su fallo.

«Puerta Giratoria»

El gobierno provincial de Leandro Zdero (UCR) es cuestionado por el manejo de la problemática de los desmontes. El informe de AAdeAA señala una «trama de corrupción estatal-empresarial para avanzar con la deforestación». La legislatura provincial redujo la cantidad de bosques nativos protegidos, permitiendo el avance de las topadoras sobre zonas que estaban protegidas, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción. Para AAdeAA se sancionó una ley «hecha a medida del agronegocio y las tanineras» (empresas que se dedican a la extracción de sustancias químicas de la madera de los árboles).

«Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados
por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste
comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté,
incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas
protegidas», añadió Cruz.

Hernán Giardini, director de campañas de Greenpeace, dijo a Página/12: «a pesar de que la justicia –una provincial y otra federal– frenó los desmontes, se siguió arrasando con el bosque y son 170.000 hectáreas casi». Para él, los controles son muy bajos y los empresarios del agro toman las multas como parte del proceso de producción: «tenemos la sensación de que se mira para otro lado, que no hay voluntad para hacer cumplir los fallos. La justicia mandó en dos oportunidades señales de que no deberían deforestar y el gobierno de Chaco no es que ha aumentado los controles, sino que cada tanto hacen alguna redada y hacen algunas multas. De hecho deben estar recaudando bastante en multas económicas, pero todo es posterior al desmonte».

Advirtió que con la tecnología actual se puede detectar un desmonte de 10 a 20 hectáreas en un par de días. Habría que llegar con los controles y las multas entonces, «no cuando cuando ya desmontaron 500 hectáreas o 1000 hectáreas, como en la mayoría de los casos, que vos ves que son desmontes que ya llevan varios días. Ahí ya es tarde desde el punto de vista ambiental».

Gran impacto ambiental

Además, Giardini destacó que, en el mejor de los casos, hay que esperar al menos 50 años para recuperar los bosques si los terrenos desmontados no se utilizan para la agroganadería. «La deforestación genera emisiones de gas efecto invernadero y la destrucción del bosque como ecosistema, que también funciona como un stock de carbono. La deforestación es la segunda causa después de la quema de combustibles fósiles de generación de crisis climática», profundizó.

«Tenés impactos posibles en inundaciones porque el bosque funciona como una esponja, así que esa cantidad de desmontes acumulados puede generar anegamientos en el lugar y en otras zonas también por la pendientes de los territorios. Por ejemplo, los desmontes del Chaco pueden generar inundaciones en Santa Fe«, explicó Giardini. A la vez, señala que al perderse bosque aumenta la temperatura local y aumenta la pérdida de especies.

El director de campañas también destacó la situación crítica del yaguareté, a pesar de los proyectos de reinserción. Con los collares de seguimiento que les han puesto en esos proyectos, observaron que los animales salen del parque donde están protegidos. «El animal sale y obviamente se puede encontrar con un desmonte o tiene que hacer lamentablemente cada vez más kilómetros para encontrar presas porque si el bosque está muy degradado, puede haber menos menos presas para que se alimente», explicó y agregó que si el yaguareté caza en una zona rural a un animal de cría por falta de alimento, luego los ganaderos lo matan por miedo.

Al sumar desmontes ilegales e incendios, Argentina perdió entre 1998 y 2024 cerca de 7 millones de hectáreas de bosque nativo. Por esto, Greenpeace lanzó una colecta de firmas para que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal.

De todas formas, el año que viene comenzaría la vigencia en Europa de la ley sobre Deforestación Importada, que impide que los países de la Unión Europea compren productos que hayan sido parte de un proceso de desforestación, ya sea legal o ilegal. El producto va a tener disponible la trazabilidad de toda su cadena de producción si desea entrar al comercio europeo.

Informe: Natalia Rótolo.