Tras el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, este viernes se realiza en todo el país un paro universitario. En ese marco, la Universidad de Buenos Aires (UBA) bloqueó todas sus páginas web y en ellas solo se ve un fondo negro con letras blancas que dice «No al veto». De esta manera, ninguna de las funciones de los sitios de la UBA están disponibles durante este viernes.
Desde la institución aseguran que «los gastos de funcionamiento se redujeron fuertemente frente a la inflación, las obras de mantenimiento a cargo de Nación se encuentran paralizadas desde hace un año y medio, y la pérdida de poder adquisitivo de las y los profesores y trabajadores universitarios, supera el 40%«.
En cuanto a la medida de fuerza, sostienen que lo hacen «con la convicción de que en los próximos días, diputados y senadores tendrán la responsabilidad de insistir con la ley. Y nosotros, como comunidad universitaria, la responsabilidad de acompañarlos».
Con el argumento de que «afecta al déficit 0», pero también con el foco puesto en destruir las funciones del Estado, como el mismo Javier Milei prometió durante toda la campaña e incluso ya como presidente, el Gobierno vetó la actualización del presupuesto universitario. La misma fue aprobada por amplia mayoría tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores.
La ley propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. “En términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”, aseguró la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en un comunicado.
Por su parte el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todas las universidades nacionales del país, alertó que la situación salarial en el sector es insostenible: más del 70% de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. A eso se suma que el presupuesto asignado para el año 2025 representa apenas el 50% de lo necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades, lo que ya provocó una reducción significativa de las actividades académicas, de investigación y de extensión.
El propio Gobierno, en el DNU firmado por Milei y todos sus ministros, asegura que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49%, mientras que en el mismo período la inflación fue de 220,45%. De esta manera, se produjo una pérdida de poder adquisitivo de casi el 29%.
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